La diputada Fernanda Vallejos sostuvo que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica en el mediano y largo plazo la sujeción del país a “la supervisión y auditoría del organismo, lo que equivale a que ningún gobierno de signo popular pueda desarrollar su programa, sometido a los ajustes permanentes”. Y agregó que estas condicionalidades que impone el organismo como acreedor y la “deuda impagable” que dejó Juntos por el Cambio “dificultan el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica y pone en duda el futuro desarrollo de la Argentina”.

En este sentido, la legisladora desarrolló una serie de limitaciones que suele imponer el FMI en la política económica de los países deudores, con su respectivo impacto en el plano social y laboral.

“Si bajo la tutela de este organismo, el pueblo no es dueño, a través de sus representantes democráticamente electos, de decidir su política económica, si no puede decidir que ciertos niveles de pobreza son francamente intolerables, que ciertos niveles de desigualdad deben ser combatidos con fiereza, que ciertos niveles de desocupación son inaceptables e inconsistentes con el avance actual de la ciencia y la tecnología y la enormidad de necesidades insatisfechas que existen en la comunidad, y que para ocuparse de todo aquellos es preciso distribuir de otra manera los frutos del crecimiento, los frutos del trabajo; si el pueblo no puede decidir sobre ninguna de esas cosas porque el FMI dice que la seguridad social es un gasto o que los subsidios a la energía que son salario indirecto para las familias y factor de competitividad para nuestras pymes, no son inversiones de calidad, entonces, ¿podemos seguir afirmando que, bajo estas condiciones, estamos viviendo en una democracia?”, inquirió la economista.

Su intervención fue en la charla virtual “Jornadas virtuales sobre deuda, fuga y criminalidad económica”, organizada por el Instituto de Estudios comparados en ciencias penales y sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). También participaron el economista Horacio Rovelli, la socióloga Luci Cavallero y el Coordinador del Grupo de Trabajo de Finanzas para el Desarrollo CEPPAS, Pedro Biscay.

“El poder económico, cuyo principal objetivo es el lucro, está condicionando la vida de una manera total”, continuó Vallejos. En esta línea, la diputada retomó el fallo de la Corte contra la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales por la segunda ola y cuestionó cómo eso expone a la población. “Los argentinos no votamos a la Amcham, no votamos a la SRA, no votamos a BlackRock, no votamos a AEA. ¡Como no votamos a la Corte Suprema de Justicia! ¡Y tampoco votamos al FMI! Entonces, lo que estamos discutiendo es sobre cómo recuperamos una verdadera democracia”, propuso.