Con la participación de familiares de víctimas, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados retomaron este viernes el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

“La ley que estamos analizando responde directamente a la necesidad de construir una perspectiva democrática de la seguridad pública”, explicó Paula Penacca, presidenta de Seguridad Interior y autora de la iniciativa junto a Hugo Yasky, titular de Derechos Humanos.

Al momento de las exposiciones, Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie, manifestó que “la historia sigue con la represión de las fuerzas de seguridad en democracia”, y por eso celebró el tratamiento del proyecto.

A su vez, Eva Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, expresó: “Ponemos un voto de confianza en esta iniciativa para que nuestra población deje de ser diezmada, criminalizada y perseguida”.

En tanto, Miriam Medina, de Madres en Lucha contra la Impunidad, dijo que los familiares de víctimas tienen que “transformarse a partir de la tortura y los asesinatos y buscar justicia a partir de la construcción colectiva”, y añadió: “Hoy tenemos la posibilidad de tener una ley que se ocupe de las familias”.

También participaron de la reunión informativa Dolores Demonty, integrante de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; y Agostina Villagi, de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.