La diputada de Autodeterminación y Libertad (AyL) Marta Martínez impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para que la Casa exprese “su más enérgico repudio hacia el gobierno de Colombia por la violenta represión desatada contra la población hasta el punto de utilizar a las Fuerzas Armadas para todos los operativos llevados a cabo y por los cuales han sido enunciados, además de cientos de heridos, aproximadamente 40 personas desaparecidas y no menos de 30 muertos”.

El texto también pide que el Parlamento manifieste su “solidaridad con el hermano pueblo colombiano que ha ganado las calles y paralizado el país en ejercicio de su derecho a manifestarse contra las políticas de ajuste y hambre de un gobierno que pretende llevarla adelante a sangre y fuego”.

En los fundamentos de la medida, la diputada recordó que el conflicto en ese país comenzó el pasado 28 de abril cuando se convocó a una huelga general impulsada por el denominado Comité Nacional de Paro integrado por las tres centrales obreras de Colombia (CUT, CGT y CTC) junto a organizaciones indígenas, estudiantiles, sociales y políticas, que se extendió a los días siguientes hasta confluir el 1°de mayo con una enorme movilización en varias ciudades del país.

“El detonante de las masivas movilizaciones, sobre la cual se sumaron diversos reclamos, fue el proyecto de ley de reforma tributaria que presentó el Presidente Iván Duque, ahijado político del reaccionario y pro yanqui ex Pte. Álvaro Uribe”, precisó y recordó que “un proyecto además, que se apoyaba sobre la reforma tributaria hecha en el 2018 (luego frenada por masivas movilizaciones que obligaron a un fallo de la Corte Suprema anulándola) con el pretexto de ‘atraer inversiones’ en la cual directamente se establecieron exenciones impositivas a las grandes empresas”.

Tras cuatro días de protestas, Duque anunció el retiro del proyecto para avanzar con otro que resulte “del diálogo con partidos y movimientos”. Al día siguiente renunció el Ministro de Hacienda, autor de la reforma, Alberto Carrasquilla. Pese a esto, las movilizaciones continúan y la última se realizó el miércoles 5 de mayo. Desde varios sectores se exigen reivindicaciones que exceden aquel proyecto y apuntan a terminar con las políticas ajustadoras y el cese de la represión y las masacres.

Esta suba de impuestos sobre las capas bajas y medias tenía como objetivo recaudar para reducir el llamado déficit fiscal y destinar los dólares necesarios para afrontar el pago de la deuda externa que ronda el 52% del PBI colombiano.

En este contexto, Martínez indicó que “las movilizaciones del 28A fueron tan masivas como violenta fue la respuesta represiva, especialmente a través del repudiado ESMAD (Escuadrón Antidisturbios de la Policía) como también del Ejército colombiano que ocupó varias ciudades, en particular Cali, uno de las ciudades más movilizadas” y recordó que “el grueso de los que se movilizan exigen el fin del modelo desigual y excluyente y una mayor democratización de la salud y la educación, mayores libertades democráticas y el fin de la represión y los asesinatos a militantes sociales y políticos acelerado en los últimos años luego del firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno del ex presidente Santos”.

“Colombia como en 2019, está viviendo sus jornadas de rebelión obrera y popular donde la fuerza principal viene desde abajo, sectores populares hartos que se sumaron a las protestas en los últimos años en un país atravesado por el conflicto armado, la propagación del narcotráfico y políticas antipopulares, gran cantidad de jóvenes trabajadores y estudiantes que exigen el cambio del modelo económico que puso a la mitad de la población bajo la línea de pobreza”, sentenció la diputada.