“Es hora de que a Victoria Donda la echen, no debe ocupar un minuto más su cargo”, alertó el senador radical Pablo Blanco, que presentó un proyecto al respecto.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto para repudiar la campaña lanzada en redes sociales por el INADI incitando a denunciar a los establecimientos educativos que “ejerzan presión por la presencialidad o no garanticen el normal funcionamiento de la modalidad virtual”.
Para el legislador fueguino, la campaña significa “un llamado a desobedecer la ley y un menoscabo de la garantía del derecho a la educación”.
El proyecto fue acompañado por los senadores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, María Belén Tapia, Claudio Poggi, Stella Maris Ollalla, Laura Rodríguez Machado, Alfredo De Angeli, Mario Fiad, Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann y Oscar Castillo.
Blanco recordó que según lo dispuesto por la Ley contra Actos Discriminatorios (23.592), habrá discriminación cuando arbitrariamente se “impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”.
A su vez, indica la norma, “se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
“El mayor hecho discriminatorio es no garantizar el derecho social a la educación con una presencialidad cuidada y con protocolos y este acto es realizado por el Estado Nacional, que en lugar de trabajar para garantizarla ha perdido un año en mezquinas disputas por su incompetencia. Es hora de que a Victoria Donda la echen, no debe ocupar un minuto más su cargo”, lanzó el senador.
Asimismo, señaló que “la información más reciente disponible a nivel mundial indica que, con las medidas de seguridad necesarias, las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad. Sin embargo, el Gobierno no solo desconoce la evidencia, sino que organiza una campaña persecutoria desde el Estado a aquellos que cumplen la ley, usando a sus organismos dependientes para tapar su ineptitud en el manejo de la pandemia, la falta de vacunas y el vacunatorio para los amigos del poder”.
