En una exposición ante el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado este miércoles, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, defendió el proyecto de ley del Ejecutivo para regular las medidas sanitarias durante la pandemia. Aseguró que todas las medidas se basan en una investigación de la experiencia internacional y argumentó que las delegaciones legislativas que se generarían para el Ejecutivo “no son muchas”.

La secretaria legal consideró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo nacional. La mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”.

En el mismo sentido, justificó el proyecto al opinar que “no se puede pensar que el Gobierno federal se quede mirando una situación donde se llega muy cerca del desborde del sistema de salud y con tan alto número de contagios que generan que debamos lamentar una cantidad de muertos importante”.

Ibarra insistió en la clasificación propuesta en la iniciativa entre regiones de riesgo epidemiológico bajo, medio y alto para explicar que el presidente sólo ejercería su potestad en el último caso. “Cuando ya se han tomado medidas por competencias propias de gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes”, entonces “nos parece totalmente razonable que el presidente de la nación adopte medidas adicionales a fin de evitar que en este lugar pase una situación de riesgo”, aseveró.

“Esta es una fundamentación basada en los principios más básicos que tenemos, que es el cuidado de la vida y la salud en el marco de una pandemia de las características de esta”, agregó la funcionaria, que insistió: “Consideramos más que razonable y justificado que el presidente de la nación pueda adoptar decisiones adicionales si es que no alcanzan o se considera que no alcanzan las que están funcionando en esta situación”.

La secretaria Legal y Técnica también se refirió al conflicto por las clases. Declaró: “Todos queremos tener clases presenciales. Creemos que es la mejor manera, la forma más plena de acceder al derecho a la educación. Y precisamente para poder garantizar ese derecho no queremos que se desborden los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma. Que de alto riesgo se baje a mediano riesgo”.

En cuanto a la actividad económica, reiteró una vez más que “todos y todas queremos volver a la normalidad” y prosiguió:  “Estamos teniendo que hacer frente a un desafío muy grande que es esta pandemia, y en este marco les proponemos una gestión de esta pandemia con respeto federal y con un esquema razonable, escalonado de responsabilidades compartidas”.

Por otro lado, agregó a la justificación del proyecto que “todas las medidas que se preveen en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el presidente de la nación, van a tener que estar sometidas a algo que nos parece muy interesante que es el chequeo de su eficacia“. Y explicó: “Se establece un máximo de 21 días para que  se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se”.

“Nos hemos ocupado de ir a textos de algunos fallos de juzgados internacionales y de tribunales internacionales para ver frente a demandas de restricciones cuáles eran los argumentos. Y todos tienen los mismos debates que tenemos acá. Efectivamente estas situaciones son intensas, restringen derechos, que estamos acostumbrados a ejercer en forma amplia”, argumentó también.