El Poder Ejecutivo tiene especial prisa en lograr la aprobación del proyecto de ley de emergencia Covid, que otorga facultades especiales al Gobierno, de modo tal de poder evitar reveses judiciales como el que se generó en la Corte Suprema de Justicia a partir de la presentación hecha por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de las clases presenciales. El objetivo oficial -difícil, por cierto- es conseguir su aprobación antes de que venza el decreto vigente, el próximo 21 de mayo. Así lo expresó el presidente Alberto Fernández antes de partir a Europa, pero está claro que los tiempos están demasiado acotados para lograr tal objetivo.

Por eso es que el oficialismo le dio un tratamiento “súper exprés” al proyecto este miércoles en el Senado, convocando a funcionarios y especialistas y firmando el dictamen en el plenario correspondiente, todo en el mismo día. El tema es que la mayoría con la que cuenta en el Senado le garantiza al oficialismo poder hacer esas cosas; no es el panorama que se presenta en cambio en Diputados.

Muy por el contrario, será complicado para el Gobierno forzar un tratamiento similar al de la Cámara alta la próxima semana. Eso implicaría el debate y segura aprobación del proyecto de ley el miércoles que viene, un eventual tratamiento en comisión al día siguiente y, dictamen en mano, llevarlo al recinto el viernes. Amén de la posibilidad demasiado hipotética de poder llevar adelante semejante tratamiento acelerado, la pregunta del millón es si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar ese proyecto de ley. Los interrogantes se irán resolviendo con el correr de los días.

Pero la búsqueda de esos votos arrancó mal para el Gobierno, habida cuenta de que los cuatro votos que corresponden al bloque Córdoba Federal no están, según anticiparon desde esa bancada este jueves. Esos votos son clave para toda ley que se proponga aprobar el oficialismo en una votación ajustada.

Pasa que con el previsible rechazo anticipado por Juntos por el Cambio, la suerte de esta ley queda en manos -como tantísimas otras veces- del universo intermedio compuesto por 21 diputados. Esto es, los diputados ajenos al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y a los dos de la izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

El oficialismo suele apostar al interbloque Federal, integrado por 11 miembros, pero el mismo no suele mostrarse homogéneo. Sí en general el interbloque de 6 denominado Unidad Federal para el Desarrollo. También conocido como “los Ramones”, por ser conducido por el mendocino José Luis Ramón. Pero en esta oportunidad hay un dato que preocupa al Gobierno: de los tres sectores que componen este interbloque, el rionegrino Luis Di Giácomo, que tiene una bancada unipersonal, votaría en contra. Esa presunción surge de la postura expuesta el miércoles por el senador Alberto Weretilneck durante el debate en el Senado. En el plenario que analizó el proyecto, el exgobernador rionegrino advirtió su rechazo por considerar que el proyecto “no resuelve nada”, por lo que sugirió “volver al camino de los consensos entre el presidente y los gobernadores”.

Así las cosas, los apoyos del bloque de los Ramones se reducirían a 5 -Ramón, Juan Ansaloni, y los tres del Frente de la Concordia Misionero-.

El oficialismo confía en contar con el voto de dos exCambiemos que hoy componen el bloque Acción Federal, el riojano Felipe Alvarez y el santacruceño Antonio José Carambia, mas no se ilusiona con otra exCambiemos que suele alinearse con el voto opositor, razón por la cual se despegó hace tiempo de Unidad Federal para el Desarrollo, la tucumana Beatriz Avila.

Sí cuenta el oficialismo con la neuquina Alma Sapag, y con eso estaría sumando 125 voluntades. Le restaría conseguir 4 votos más, que debería encontrar dentro del ya citado interbloque Federal, que -repetimos- tiene 11 miembros.

Si no puede contar  con los 4 de Córdoba Federal y ya los 3 de Consenso Federal anticiparon su rechazo, quedan solo 4 votos en los que, como se ve, se juega el todo por el todo. Descuenta el Frente de Todos que puede contar con los dos del bloque Justicialista –Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos-. No es seguro en cambio con los dos santafesinos restantes: Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez.

Como están las cosas, el oficialismo necesitaría “sí o sí” contar con esos cuatro votos para aprobar, con lo justo, esa ley en Diputados.

A menos que durante la semana que resta hasta el tratamiento del proyecto en el Senado, se produzcan modificaciones que alteren el escenario que a priori se presenta. Esto es, que se le abra el juego al rionegrino Weretilneck para que cambie su postura, como sucedió el año pasado con el tema del aborto, cuando le garantizaron modificaciones en la reglamentación para que votara afirmativamente como hizo, luego de adelantar reparos en el último debate en comisión. Desde el Frente de Todos mostraron disposición en ese sentido.

En el oficialismo piensan en los radicales que responden a sus gobernadores. Particularmente el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, que responde al gobernador jujeño Gerardo Morales, hizo conocer su posición durante el debate en el plenario del miércoles, en el que señaló que “esta ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público”. Es lo que expresaron oportunamente los gobernadores Morales y Rodolfo Suárez, de Mendoza. Con todo, no es lo que en principio estaría dispuesto a ceder al Gobierno.

Más probable es que avancen con la negociación de “cambios” que habiliten consensos. Consultado al respecto el diputado Enrique Estévez, uno de esos cuatro de los que depende la suerte del Gobierno, fuentes cercanas al legislador santafesinos señalaron a parlamentario.com que “estamos dispuestos a trabajar para encontrar acuerdos dentro de los límites que establece la Constitución”.