El oficialismo en la Cámara alta aprobó un proyecto de resolución que rechaza enfáticamente un fallo judicial que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU 235/21 y 241/21 -ratificados minutos antes en la sesión- sobre medidas sanitarias por la pandemia.

La resolución firmada el 30 de abril por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, había sido criticada en Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, en su fallo, los magistrados conminaron al Congreso a dictar una ley específica fijando parámetros sanitarios para aplicar las medidas de cuidado.

La votación resultó con 39 votos positivos, dos negativos -del catamarqueño Oscar Castillo y el salteño Juan Carlos Romero-, y 24 abstenciones, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal. En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana votaron a favor.

Autora del proyecto, la oficialista María de los Ángeles Sacnun sostuvo que la resolución es “un flagrante intento de vulneración de las atribuciones constitucionales” del Congreso. “Nuestro sistema republicano de gobierno hace referencia a tres poderes del Estado”, resaltó y exclamó: “De ninguna manera podemos tolerar, soportar, que tres jueces del Poder Judicial pretendan ordenarnos e incluso imponernos un plazo de 15 días para la sanción de una norma”.

Además cuestionó que sea en el marco de una presentación de hábeas corpus, “con lo que significa históricamente para Argentina la situación que han atravesado quienes se han visto privados de su libertad, por su desaparición forzosa”.

La santafesina rechazó la “inmiscusión de ciertos sectores del Poder Judicial en órbitas del Poder Ejecutivo, en las órbitas del Poder Legislativo”, y disparó contra la Corte Suprema que, en su fallo a favor de la Ciudad, “dicen que no conocen parámetros epidemiológicos, sanitarios, pero sin embargo dictan sus sentencias o sus resoluciones de manera remota, para no contagiarse de Covid”.

Por su parte, el chubutense Mario Pais señaló que el proyecto trata un tema muy importante que es el de la “independencia de los poderes”. En esa línea, el oficialista consideró al fallo “írrito” y “una muestra cabal de un agravio a la Constitución”, al tiempo que “atenta contra las instituciones, la división de poderes y la independencia del Poder Legislativo”. También dijo que es “un grave acto de mal desempeño de sus funciones” de los jueces.

Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez recordó que en la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales propuso “no darle un valor que no tiene en absoluto” y que archivar el tema. Aunque calificó al fallo como “una burrada”, el legislador observó que “esta resolución inédita también tiene que ver con la pandemia”.

Al considerar que hay otras más “burradas” que se mencionan en la sesión, el macrista criticó que la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien dijo que el Gobierno “se manejó siempre con DNU y que la génesis derivativa de esos DNU era la declaración de la emergencia sanitaria” dictada en diciembre de 2019, cuando “ni siquiera existía la pandemia”.

Martínez cuestionó la cantidad de DNU del presidente, cuando el Congreso está en funcionamiento, e ironizó: “El profesor se olvidó de enviar la ley por la pandemia y eso le empezó a traer variados problemas”. Al hablar de un “cambalache generalizado”, el senador opinó que Alberto Fernández “está desconcertado en tiempo y espacio con lo que hace”. Y pese a criticar esta resolución, apuntó que “el Ejecutivo le dio letra” a estos jueces.

Muy duro contra un sector del Poder Judicial, el rionegrino Martín Doñate afirmó que existe una intención de “imponer un nuevo régimen, el régimen judicialista, claramente antidemocrático, donde dos o tres magistrados, a los que nadie votó, se sienten con el poder de tomar decisiones”.

En su discurso, el senador del Frente de Todos criticó el último fallo de la Corte Suprema, al calificarlo de “rechazable” e “inconsistente desde el punto de vista jurídico”. “Ha sido un fallo verdaderamente político que ha desafiado a las instituciones”, añadió.

Para Doñate, “va a ser muy difícil que con este diseño institucional y estos actores que tienen alto protagonismo en esferas judiciales, contado por el poder real, puedan cumplirse las plataformas electorales que democráticamente proponen los partidos populares y son votados por la mayoría del pueblo”.

El proyecto de resolución rechaza “enfáticamente” el fallo por “resultar una flagrante violación del sistema republicano de gobierno y de las atribuciones constitucionales de este Cuerpo, en cuanto hace lugar a la acción al solo efecto de exhortar al Poder Ejecutivo a que envíe un proyecto de ley sobre parámetros consensuados con los legisladores que sirvan de base a la imposición de restricciones a derechos como la libre circulación y al Honorable Congreso de la Nación a que se discuta y sancione una ley que permita de forma clara y precisa regular los derechos constitucionales”.

Para ello, “fija un plazo de 15 días para que, con la acción coordinada de ambos poderes, se ajuste el orden legal de respuesta a la pandemia de acuerdo al criterio que surge del pronunciamiento”.

Además, en la iniciativa se reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Honorable Senado de la Nación en cuyo ejercicio irrestricto corresponde la regulación sobre el cuidado de la población en torno al derecho humano a la salud y las posibles restricciones que pudieran razonablemente imponerse en su salvaguarda”.

Asimismo, se ratifica “la vigencia de la Ley N° 26.122, reglamentaria del procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia”, y se indica que se hará saber de la resolución al Consejo de la Magistratura de la Nación y al tribunal oficiante.