Martínez defendió el proyecto de biocombustibles, pero la oposición mantiene las críticas

El secretario de Energía se presentó ante un plenario de comisiones de Diputados. Desde Juntos por el Cambio apuntaron a la visión energética del Gobierno a largo plazo. El debate continuará en los próximos días.

El secretario de Energía, Darío Martínez, defendió este jueves ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción de los biocombustibles, pero la oposición mantuvo sus críticas y el debate continuará en los próximos días.

Martínez expuso en una reunión virtual de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Omar “Chafi” Félix y Carlos Heller, respectivamente.

El funcionario habló de “un muy buen proyecto” que “le da previsibilidad a una actividad que la necesita”, y consideró que “en un esquema de transición energética, los biocombustibles son una actividad importante”.

“Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector; su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos; la protección de las pymes y empresas no integradas; y el resguardo del bolsillo de los consumidores, en un proceso de fomento positivo de la actividad, también impulsando la sustitución de importaciones de combustibles líquidos”, explicó.

Al repasar el proyecto artículo por artículo, Martínez confirmó que el corte de biodiesel, a pesar de las críticas de las cámaras empresarias, se bajará al 5% -actualmente es del 10%-, aunque “puede ser aumentado si las condiciones de mercado o la demanda lo aconsejan”.

También detalló que se prevé “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”, para lo cual se otorga la facultad de disminuir “hasta el 3%, para amortiguar el impacto”.

Ese mecanismo, indicó, se aplicará en forma similar para el bioetanol de maíz, cuyo corte se mantendrá en el 12% -igual que en la actualidad-, con un nivel del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz.

Por otra parte, Martínez destacó la protección a las pymes y empresas no integradas, que “serán las abastecedoras con un cupo máximo de 50.000 toneladas”, y agregó que “se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.

En tanto, “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas”.

Otros aspectos del proyecto son la creación de un comité de seguimiento con carácter federal y la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que “puede significar un sendero virtuoso para la actividad”, destacó el secretario de Energía.

“El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo del sector de biocombustibles, asociándolo de manera virtuosa al desarrollo nacional”, afirmó Martínez, al señalar que el contexto actual es diferente al de 2006, cuando se sancionó la ley original que ahora se intenta modificar.

Al aportar cifras, precisó que participan activamente en el sector de los biocombustibles más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias argentinas, que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.

Las provincias dedicadas al biodiesel son Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, mientras que el bioetanol involucra a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y San Luis, puntualizó el funcionario.

“El impacto en las economías regionales es muy importante”, aseguró, y por otra parte destacó que “de las 28 empresas que producen biodiesel dentro del régimen de promoción, 25 son pymes”.

Asimismo, detalló que anualmente las empresas dentro del régimen de promoción produjeron un total de 1,2 millones de toneladas en 2017; 1,1 millones en 2018; la misma cantidad en 2019; y 0,5 millones en 2020, producto de la parálisis de la actividad por la pandemia.

La oposición, con dudas

Los radicales Fabio Quetglas, Jimena Latorre y José Cano abrieron la ronda de preguntas con fuertes críticas al proyecto. “¿Cuál es la lectura de la Secretaría sobre la transición energética en marcha? Si no sabemos hacia dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, advirtió Quetglas.

Latorre coincidió en preguntar “cuál es el plan energético en el que se enmarca este proyecto”. “Si seguimos en esta política de parche sobre parche, no vamos a poder tener una política de mediano y largo plazo”, dijo, y tildó a la propuesta del oficialismo de “retrógrada”.

A su vez, Cano recordó que la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una “mirada estratégica de hacia dónde quería ir la Argentina, daba una hoja de ruta”, pero también mostró dudas sobre la visión hacia adelante. “¿Cómo imagina a la Argentina en 2030 en materia energética?”, insistió, al señalar que si ese año la participación del etanol de caña de azúcar sigue siendo del 6%, “no da una proyección de futuro”.

Martínez respondió que “hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono”, y añadió que “los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética”, porque “nuestra matriz es en base a gas”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que “necesitamos más información para definir un nuevo régimen para poder evaluar esta política pública y tener un diagnóstico completo”. “Para evaluar los escenarios futuros tenemos que contar con datos”, insistió.

Desde el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschenberger y el puntano Carlos Ponce pidieron atender más explícitamente en la ley el tema de la distancia al puerto. “En la fijación del precio es necesario el reconocimiento de los costos de transporte” porque eso “afecta la igualdad de oportunidades”, dijo Rauschenberger.

Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos reconoció que para su provincia “y para el norte azucarero, todo lo que pidió el sector se ha cumplido”. “No podemos debatir quién gana o quién pierde porque estamos en un año electoral. Tenemos que buscar los equilibrios necesarios para garantizar inversiones”, enfatizó, y confesó su temor de que el tema se termine judicializando.

Hacia el final, el santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) subrayó que “la baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior”.

La vigencia de la ley

Al inicio del plenario de comisiones, el diputado mendocino Omar De Marchi (Pro) consideró “improcedente” el decreto de prórroga de la ley vigente (el 322/21), publicado el último lunes en el Boletín Oficial.

Según recordó De Marchi, la Ley 26.093 “fue sancionada el 12 de mayo de 2006 y le dada una vigencia de 15 años, por lo tanto vencía el 11 de mayo de 2021, pero le daba una posibilidad al Ejecutivo de tomar una fecha alternativa para la vigencia de 15 años, a partir del primer día del cuarto año de entrada en vigencia, o sea el 1ro de enero de 2010”.

“De tomar esta segunda fecha, la ley debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. La ley no da opciones intermedias para sancionar prórrogas”, dijo el legislador.

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