En una reunión informativa por Zoom en la que expusieron académicos y funcionarios judiciales, Juntos por el Cambio dijo que era “una farsa” y se retiró. El oficialismo acusó a JxC de ser “infantiles” y de “poner excusas para no debatir”.
La semana en la que se cumplió un año del inicio de las sesiones virtuales no podía terminar sin un nuevo encontronazo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, aunque el marco era de una reunión informativa con la participación de especialistas invitados.
Esta vez, la arena fue en un encuentro virtual del plenario informativo de la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja donde al inicio se vivieron momentos tensos porque la oposición sorprendió al anunciar que se retiraban porque esa reunión “era una farsa”.
El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (Juntos por el Cambio), denunció que “esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad al tratamiento de este proyecto de ley que busca lograr la impunidad judicial y avasallar el Ministerio Público Fiscal, lo que es de una gravedad institucional inmensa”.
Y continuó: “La lista de expositores fue armada por ustedes -el oficialismo- y no dieron ninguna participación a la oposición, sino que nos enteramos anoche de esta reunión que fue armada entre gallos y medianoche”.
“No vamos a participar de esta reunión escuchando a los académicos como si no pasara nada. El interbloque Juntos por el Cambio se va a retirar. No vas a convalidar esta farsa”, dijo antes de salir del Zoom junto a sus compañeros de bancada.
Al finalizar el encuentro, tras más de 2 horas de exposiciones, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, aclaró que “en ningún momento se limitó la posibilidad de que la oposición acercara un posible expositor”.
Sobre la actitud de la oposición, consideró que “son reacciones un poco infantiles. Son excusas bastantes pueriles para escapar a una discusión en el recinto o en la comisión y discutir en redes sociales”.
En un tono más confrontativo, el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá consideró que “la actitud de la oposición es muy significativa porque huye, escapa, para no dar el debate ni cambiar nada y mantener el status quo de una Corte y un Poder Judicial que son los principales militantes de Cambiemos”.
Así comenzó el plenario informativo, en el que no se iba a emitir dictamen, en el marco del debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
El integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, sostuvo que “justo en el momento en que se va a implementar el sistema acusatorio en la Argentina, resulta verdaderamente inaceptable que el jefe del Ministerio Público sea un Procurador interino con más de tres años de interinato”.
En tanto, el juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba, José Fabián Asis, manifestó que “estos proyectos de modificación tienen dos pilares fundamentales: primero la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y segundo la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, requisito esencial para el Sistema Judicial”.
Por su parte, la fiscal Mariela Labozzetta afirmó: “Celebro la voluntad del Congreso de incorporar el debate vinculado con la cuestión de género a la hora de tocar una ley tan importante como esta que es la que va a regir el Ministerio Público Fiscal”.
El abogado Alberto Binder, quien es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP, le pidió a la oposición que “permita” terminar con la “situación irregular” de que “haya un procurador general de forma interina”.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
