El diputado radical Gustavo Menna fue la voz de Juntos por el Cambio: “No vamos a convalidar esta reunión que es una farsa”. El plenario continuó sin la oposición.
Antes del inicio de las exposiciones de académicos convocados para exponer sobre las modificaciones a la ley del Ministerio Público Fiscal, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (Juntos por el Cambio), denunció que la reunión plenaria entre las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja “fue gestada entre gallos y medianoche” y la calificó como “una farsa”.
En el inicio del encuentro plenario realizado este viernes por Zoom, el radical Menna fustigó: “Esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad al tratamiento de este proyecto de ley que busca lograr la impunidad judicial y avasallar el Ministerio Público Fiscal lo que es de una gravedad institucional inmensa”.
Y continuó: “La lista de expositores fue armada por ustedes -al oficialismo- y no dieron ninguna participación a la oposición sino que nos enteramos anoche de esta reunión que fue armada entre gallos y medianoche”.
“Esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad”
“No vamos a participar de esta reunión escuchando a los académicos como si no pasara nada. El interbloque Juntos por el Cambio se va a retirar. No vas a convalidar esta farsa”, dijo antes de salir del Zoom junto a sus compañeros de bancada.
Así comenzó el plenario informativo, en el que no se iba a emitir dictamen, en el marco del debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Minutos más tarde, desde el Frente de Todos llegó la respuesta: “De manera insólita Juntos por el Cambio se niega a debatir en el ámbito natural que el Congreso”.
En un comunicado, el FdT aclaró que “nada impedía al bloque opositor proponer expositores, algo que no hizo”.
“Desde la presidencia de la Comisión de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), se confirmó que no se recibió ninguna nota proponiendo expositores por parte de Juntos por el Cambio”.
En esa línea, aseveró: “Lamentamos que una ley tan importante no cuente con la participación en el debate de la oposición; con la excusa de discrecionalidades y cuestiones administrativas que no son ciertas se niegan a dar una discusión e insisten con su posición de no debatir proyecto en el ámbito correspondiente”.
También se remarcó que no toda la oposición se retiró, ya que en la reunión se encuentran presentes los diputados José Luis Ramón y Graciela Camaño.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
Más tarde la principal oposición difundió un comunicado en el que justificaron su ausencia en la reunión de la comisión: “Sin consulta con la oposición y con expositores invitados a favor del proyecto del Gobierno, el oficialismo montó un show para vestir de legalidad el intento más burdo de garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas”.
En un comunicado titulado “Avanza el plan de impunidad del kirchnerismo en Diputados”, precisaron que “los vicepresidentes de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, ambos de Juntos por el Cambio, no fueron consultados y así la oposición quedó excluida del armado de la agenda de trabajo del plenario de esta tarde. De ese modo, sólo fueron convocados a exponer personalidades que están a favor del proyecto del Gobierno”.
La reunión -de carácter informativo- tiene previsto la participación de Alberto Binder, abogado, doctor en derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP; Mariela Labozzetta, abogada y fiscal de la UFEM; Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; y José Fabián Asís, juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
