El proyecto de ley en trámite ante el Congreso de la Nación que propone reformas al Ministerio Público Fiscal (integrado por el Procurador General y los restantes fiscales federales de la Nación) y al Ministerio Público de la Defensa (integrado por los funcionarios que tienen a su cargo la defensa en general de las personas), “pone en riesgo la independencia funcional del Ministerio Público surgido de la reforma constitucional del año 1994, que dispuso su integración con ‘un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca’”, expresó este lunes el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires invocando el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Para este organismo, el objetivo central perseguido por esa reforma constitucional fue el de independizar el funcionamiento de ese ministerio de los poderes políticos y del propio Poder Judicial, otorgándosele expresamente el carácter de “órgano independiente”. Agregó que con ello la Constitución busca resguardar que las funciones del ministerio (defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad) no dependan de las demás ramas del Gobierno nacional, confiriéndole incluso a sus integrantes la intangibilidad de su remuneración e inmunidades funcionales.

A juicio de la entidad que nuclea a los abogados de CABA, el proyecto actualmente bajo consideración de la Cámara de Diputados “amenaza seriamente esa independencia funcional garantizada por la Constitución. Por un lado, propone eliminar la mayoría agravada de dos tercios de los miembros del Senado (presentes el día de la votación) necesaria para la elección del Procurador General, que obliga -por lo general- a consensuar la designación entre las diferentes fuerzas políticas representadas en esa Cámara. Sin ese consenso se facilitaría la designación de alguien por parte de la fuerza política circunstancialmente mayoritaria, con el riesgo de que ese candidato eventualmente carezca de la independencia necesaria para el cargo, requisito fundamental para cumplir con la independencia que el citado artículo 120 reclama”.

Por otro lado, “el proyecto disminuye la representación de los sectores independientes en el Tribunal de Enjuiciamiento de los fiscales y aumenta la representación de sectores vinculados con la política partidaria. Ello daría mayor relevancia a la política partidaria en la decisión de evaluar funcionalmente a sus miembros, con los peligros que sin duda conllevaría, tal como ya sucedió con la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura”.

Estas dos reformas, entre otras, “significarían un gran retroceso institucional”, enfatizó el Colegio de Abogados, para el que “en vez de buscarse una participación más plural en la designación del Procurador General, se permitiría que una sola representación política pueda designarlo o formar mayoría para sancionar a los fiscales en asuntos que afectaren intereses partidarios. Ello pondría indudablemente en riesgo la independencia que la Constitución Nacional ha buscado otorgar al Ministerio Público y lo haría de un modo regresivo, condenado por tratados internacionales. Por ello, este Colegio se opone a la aprobación de esas reformas que tanto daño infligirían al funcionamiento independiente del Ministerio Público y, en última instancia, a la República”.