El oficialismo busca sumar voluntades con las modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Los cambios ya son analizados en la Rosada. Se prevé sea debatido en sesión especial este jueves.
El bloque de senadores del Frente de Todos, presidido por José Mayans, acordó este lunes introducirle varios cambios al proyecto de ley del Poder Ejecutivo a fin de definir criterios básicos epidemiológicos para establecer las medidas sanitarias que mitiguen la pandemia de coronavirus.
Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.
Desde la bancada oficialista afirmaron que los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones.
Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.
Allí, el abogado había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar en forma presencial cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.
La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases presenciales y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una “morigeración” de la medida.
La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.
El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19”.
El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un “plazo cierto” hasta el 31 de diciembre de este año.
“Desde el punto de vista constitucional ese podía ser un problema”, destacaron los voceros.
También se eliminará del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como “delegados” del Ejecutivo nacional y se los considerará como “agentes del Gobierno federal”.
Por otro lado, se descartó la posibilidad de incluir un artículo que permitiría a las provincias “adherir” a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla.
La propuesta había sido sugerida por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, en consonancia con su gobernador, Gerardo Morales, y la postura de otros mandatarios de Juntos por el Cambio.
Desde el oficialismo afirmaron que la oposición no elevó ninguna propuesta y que esa idea era una “locura”, porque dejaba en la cabeza de las provincias si toman o no decisiones para combatir la pandemia.
El proyecto, en principio, será llevado al recinto de sesiones este jueves 20 de mayo en una sesión especial que se prevé muy extensa.
El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción, ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas tres semanas.
El Frente de Todos tiene los votos suficientes para aprobarla y ya sabe que no contará con el apoyo de Juntos por el Cambio ni de algunos aliados del oficialismo, como Juntos Somos Río Negro.
