Este martes a las 19 será la reunión conjunto de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. El FdT tendría los números para conseguir la firma del dictamen favorable para reformar la ley de Ministerio Público Fiscal. Todavía le falta para conseguir que se aprueben en el recinto.
El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un plenario de comisiones con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que cambia las mayorías para elegir al procurador general y establece plazos para su mandato. Hasta el momento, el Frente de Todos no contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja la semana próxima, como aspiraba.
El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
De forma presencial y otros de manera remota, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debatirá el proyecto enviado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.
El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.
El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría.
En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 de Juntos por el Cambio y de Camaño.
Juntos por el Cambio evaluó la posibilidad de no presentarse nuevamente a debatir el proyecto, tal como lo hizo el 26 de abril en oportunidad de la exposición de Soria y el viernes pasado en la reunión convocada para escuchar a integrantes del Poder Judicial.
La principal alianza opositora decidió rechazar el proyecto que impulsa el Gobierno, al advertir que “su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”.
“Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”, concluyó el comunicado emitido por la Mesa Nacional de JxC ante el impulso que el oficialismo le dio al tema en los últimos días.
Sin embargo, este lunes se resolvió que los casi treinta diputados de ese espacio que integran ambas comisiones se harán presentes en el Anexo C de la Cámara, donde funcionará la comisión, para no perder la posibilidad de firmar dictamen y para hacer escuchar sus reclamos sobre el tratamiento del proyecto.
En rechazo a los argumentos de JxC, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, lo defendió al asegurar que “busca dar institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, como es el procurador, al tiempo que expresó que espera que la oposición “participe del debate”.
“Nosotros no nos estamos queriendo llevar puesto a nadie; lo que queremos es darle institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, dijo el pampeano, y agregó que, en ese último punto, “coincide” con el planteo de Juntos por el Cambio.
Por el resto de los espacios, el diputado Ramón confirmó su respaldo al proyecto al considerar que los cambios “apuntan a poner en una situación de transparencia, de más rendición de cuentas y más presupuesto” a ese órgano.
También cuestionó el rechazo que ya adelantó JxC, al remarcar que “ellos están encontrando en esto una herramienta de pelea porque quieren que el procurador interino (Eduardo) Casal se quede en el cargo”.
Desde Consenso Federal, en tanto expresaron a través de un comunicado: “Tal como declaramos públicamente en su oportunidad, no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, las escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.
Integrantes del grupo presidido por Ramón, del interbloque Federal y del resto de las bancadas ajenas a los dos espacios mayoritarios (JxC y el FdT), fueron objeto de escraches virtuales en redes sociales por parte de integrantes de JxC, advirtiendo sobre la posibilidad de que acompañen la votación del proyecto o den quórum para su tratamiento.
El proyecto
La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
