La reunión se llevó a cabo de manera virtual este lunes. En esta ocasión los expositores fueron representantes de asociaciones de trabajadores.
Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de Diputados realizaron este lunes una reunión virtual informativa sobre violencia institucional. El plenario se realizó en el marco del debate del proyecto de ley integral contra la violencia institucional del oficialismo y expusieron representantes de asociaciones de trabajadores.
Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, denunció “una tensión estructural continua entre prensa y la policía. A la policía no le gusta que la vean reprimir”. Además, aplaudió el capítulo del proyecto que pide que las denuncias sean realizadas por personas ajenas a las fuerzas policiales.
Por su lado, Victorio Paulon, Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, invitó a “insistir con la responsabilidad que tienen que asumir los funcionarios que en una gran cantidad de ocasiones se esconden y se niegan al diálogo con los que reclaman”. Pidió también que exista “una obligación mayor de los funcionarios” de generar respuestas para evitar la violencia. “La policía responde a las órdenes políticas de quienes los mandan en ese momento”, opinó, y agregó que la iniciativa es “un piso” sobre el cual seguir avanzando.
En representación de la Unión Personal Municipal de Berazategui, Mario Carlos Torroba puso en el foco la violencia de los funcionarios públicos, de la política. “Como si las fuerzas de seguridad tuvieran el monopolio de la violencia institucional en el país”, cuestionó.
Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, relató experiencias en primera persona. “No queda registro de los operativos violentos”, denunció, y siguió: “Nosotras mismas tenemos que registrarlos con nuestras cámaras”. Además, habló de un discurso policial “xenófobo”, “racista”, “selectivo” y “clasista”.
“Desde el sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales apoyamos esta ley, creemos que hay que ponerle un freno a la violencia institucional y, que hay que ponerle un freno a las coimas policiales, a los discursos racistas y a la selectividad con la que operan las fuerzas de seguridad en nuestro país”, expuso Orellano.
Más adelante acusó que “una de las cosas que aumentó en esta crisis sanitaria es la violencia policial. Nosotras tenemos un registro propio, porque no hacemos la denuncia, porque la historia nuestra nos dijo que quienes quieran la denuncia, nuestras delegadas, nuestras referentes, han sido asesinadas por la policía”. “Los mismos policías estuvieron dos o tres meses sin salir a la calle pero estaban en la comisaría”.
Miguel Aponte, secretario administrativo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, consideró: “Tenemos demasiadas víctimas de violencia institucional en la provincia -de Córdoba-” e instó a “dar pasos más concretos”. Además, se lamentó de que los casos de violencia son “tan recurrentes” que “están naturalizados”.
En representación de la Federación Gráfica Bonaerense Rodrigo Loza opinó: “Esto por sí solo no resuelve el problema que aflige no sólo a nuestro país, ya que lo estamos viendo por ejemplo en Colombia, sino que debe haber un compromiso de todas las instituciones del Estado y de las organizaciones libres del pueblo para el cumplimiento de esta ley. Entonces celebramos que se pueda aprobar un marco legal para regular el accionar de las fuerzas de seguridad sin importar el Gobierno de turno”.
Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados y diputada nacional (Frente de Todos) resumió que el proyecto plantea la “capacitación y formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad”. En ese sentido, planteó la posibilidad de “ampliarlo para todos y todas”.
La diputada Claudia Ormachea (Frente de Todos-Buenos Aires) destacó también la importancia de la capacitación y la formación. “Si vos en la capacitación y la formación les marcaste una línea de impunidad y les marcaste una línea de ‘enemigo el otro’ eso perdura después y es muy difícil modificarlo”, sostuvo. La formación, consideró, debe estar “en contacto y en presencia de otros integrantes de la sociedad: obreros, estudiantes…”.
El diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA) trajo a cuenta el “espionaje ilegal de periodistas” y pidió que se incluya dentro de la violencia institucional.
La diputada Mara Brawer (Frente de Todos-CABA) reclamó: “No tiene tanto que ver si existe o no violencia institucional. El eje central es la pregunta acerca de qué hacen los ejecutivos ante esta violencia si la aplauden o la combaten”.
Por su parte, la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos-Buenos Aires) criticó que “durante los cuatro años del Gobierno de Macri padecimos de fuerzas de seguridad que funcionaban de manera clandestina y que formaban parte de las movilizaciones y agitaban muchas veces situaciones de violencia. Lo digo por haber participado en esas movilizaciones. Identificar claramente que quienes motorizaban la violencia no éramos los que participábamos, sino fuerzas de seguridad encubiertas”.
El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales cerró la reunión al concluir: “Los que ya tienen poder, la ley esta no les va a quitar ni les va a agregar nada, en tal caso los va a limitar en el ejercicio del poder. Lo que necesitamos es el resguardo de los más débiles”. A continuación, consideró: “Ha sido muy esclarecedor y muy importante el esfuerzo de todos ustedes”.
El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.
La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.
De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.
A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.
Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.
Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.
También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La de este lunes fue la tercera reunión informativa que llevó a cabo el plenario sobre el proyecto impulsado por el oficialismo. Con anterioridad, habían expuesto representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de estos casos.
