En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, y garantizar que quienes atraviesen esta situación reciban atención profesional integral, técnica y humanizada, que acompañe en la elaboración el duelo.

La iniciativa, conocida como Ley Johanna, por el caso de Johana Piferrer, quien en 2014 padeció un hecho de violencia obstétrica tras sufrir un caso de muerte perinatal, establece dotar a las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto y postparto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas personas y familias que sufren esta situación y posibilitar que puedan atravesar la pérdida en un ambiente de contención, con el acompañamiento de especialistas.

En los argumentos del proyecto, se remarcó que la muerte perinatal, aquella que se produce luego de la semana 22 de gestación, tiende a ser negada por la sociedad, por lo que las mujeres y personas gestantes que atraviesan esta trágica situación lo hacen en soledad y sin el acompañamiento necesario por parte de las instituciones. Las cifras no son bajas: en todo el mundo hay más de 6,3 millones de muertes perinatales al año.

En este sentido, Álvarez Rodríguez señaló que “tenemos que humanizar el parto, tenemos que humanizar una tragedia como es una muerte perinatal”, y detalló que “no existe en nuestro país un protocolo de actuación que informe a los/as profesionales de la salud cómo desenvolverse ante la situación concreta de la muerte perinatal. Esto resulta ser traumático para quienes lo sufren y por eso es indispensable que exista un marco de asistencia y ayuda profesional para acompañar a las mujeres, personas gestantes y sus familias”.

El proyecto busca también facilitar el acceso a la información necesaria acerca de las opciones terapéuticas, gestiones a realizar, y consultas sucesivas, a fin de que puedan decidir las alternativas más pertinentes asegurando el acompañamiento de las/os profesionales durante todo el proceso. Además, se solicita que las instituciones de salud garanticen espacios específicos de internación para los casos de muerte perinatal, diferenciados de los espacios o salas de maternidad.

La propuesta, que tiene como antecedente el proyecto presentado por la exdiputada Magdalena Sierra, cuenta con el apoyo de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (AboFem), la organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), y la Red de Salud Mental Perinatal, entre otras.

El proyecto fue acompañado con las firmas del presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin; y las diputadas Paula Penacca, Florencia Lampreabe, Mónica Macha, Paola Vessvessian, Mara Brawer, Jimena López, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Romina Uhrig, Claudia Ormachea y Gabriela Estévez.

Juntos por el Cambio propone modificar la ley actual

Por su parte, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Gisela Scaglia (Pro), presentaron una iniciativa para modificar la Ley 25.929. Aseguraron que, a seis años de su reglamentación, “ya se puede comprobar que es ineficiente y que no consigue cumplir con dos de sus principales objetivos: reducir la violencia obstétrica y la tasa de nacimientos por cesárea”.

Además, los legisladores advirtieron que, en el marco de la pandemia de Covid-19, “la ley fue vulnerada a lo largo y ancho de todo el país”. “Hoy los derechos consagrados en esta ley se incumplen en muchísimas instituciones tanto públicas como privadas; la pandemia supuso un retroceso en cuanto a la garantía de derechos. Debemos redoblar los esfuerzos para enmendarlo”, explicó Scaglia.

El proyecto incorpora varios artículos e incisos a la legislación vigente con tres objetivos. Por un lado, garantizar el derecho de acceso a la información que permita que las mujeres puedan efectivamente tomar con autonomía las decisiones respecto al proceso de gestación, parto y postparto. Por el otro, hacerle saber a la mujer que gesta que tiene derecho a crear su propio plan de parto y que el mismo debe ser respetado. Y, por último, garantizar que la persona nacida sepa cómo fue su proceso de nacimiento y con ello generar un centro único de datos y estadísticas de partos que nuclee a los sub-sectores público y privado de toda la Argentina.

“Hoy no tenemos cifras oficiales, tanto a nivel público como privado, sobre los índices de medicalización e intervención que se realizan en los nacimientos y el trato deshumanizado que muchas mujeres gestantes reciben diariamente. Esto no permite dimensionar el alcance y las consecuencias de este flagelo, mucho menos generar mecanismos y políticas públicas oportunas y eficientes para erradicar la violencia obstétrica. Por eso creemos que una de las modificaciones más urgentes es conseguir que la información del proceso de parto quede registrada en la partida de nacimiento de todas las personas”, argumentó la diputada santafesina.

Este año el lema de la Semana Mundial de Parto Respetado es “Respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación”. “Hoy en la Argentina este derecho se ve vulnerado diariamente y más allá de contar con legislación de avanzada no se logra que la misma se cumpla. Hay desconocimiento entre las mujeres y falta de planificación del momento del nacimiento. Las modificaciones a la ley proponen subsanar estas falencias obligando al ANSeS a entregar información sobre los derechos con los que cuentan las familias durante el proceso de nacimiento y a su vez incorpora el derecho a entregar un ‘plan de parto’”, agregan los fundamentos.

Por último, Scaglia sostuvo que “algunas familias ya están empezando a presentar este documento que explicita los principios de atención y las condiciones en que desean que transcurra el trabajo de parto, parto-nacimiento y postparto. Sin embargo nos encontramos con la dificultad de que no sólo son muy pocos quienes conocen esta herramienta, sino que además muchas instituciones aún no la respetan o aceptan”.

El proyecto de ley fue acompañado por los diputados Natalia Villa, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Hernán Berisso, Gonzalo Del Cerro, Graciela Ocaña, Ruben Manzi y Lidia Ascarate.