Uno de los temas que será debatido este miércoles en la Cámara baja será un proyecto de ley que impulsa el Frente de Todos y es rechazado por Juntos por el Cambio: modificaciones al Impuesto a las Ganancias para empresas. A fines de abril, el Frente de Todos logró avanzar en comisión con la iniciativa […]
Uno de los temas que será debatido este miércoles en la Cámara baja será un proyecto de ley que impulsa el Frente de Todos y es rechazado por Juntos por el Cambio: modificaciones al Impuesto a las Ganancias para empresas.
A fines de abril, el Frente de Todos logró avanzar en comisión con la iniciativa que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas.
En esa oportunidad, el dictamen de mayoría del oficialismo recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19 adhesiones.
Dicha iniciativa del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.
En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini– que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
Durante el tratamiento, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, destacó que el proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas”.
Respecto al costo fiscal, el legislador respondió a la inquietud generada la semana pasada por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un impacto fiscal de 320.000 millones de pesos, mucho mayor al estimado por la AFIP.
Según Heller, este cálculo se hizo “a partir del supuesto teórico de que en 2021 estaría vigente una tasa del 25%, ya que la prórroga dispuesta por el gobierno actual era hasta el 31 de diciembre, y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa del 30% a una eventual del 25%”.
El oficialista explicó que el nuevo costo estimado por la OPC es de 133.124 millones de pesos, repartidos en 57.840 millones en 2021 y 74.218 millones en 2022, con un remanente de 1.065 millones en 2023.
Lo cierto es que con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.
“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”, analizó el titular de la comisión.
Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a “una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.
Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, advirtió que “buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las empresas grandes tienen que pagar más, que nueve de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.
Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.
Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó la OPC es correcta porque tomó como base el 25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos, entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo del 35% va a impactar en 17.127 casos”.
El misionero consideró que el proyecto tiene “un claro objetivo recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero la progresividad que se plantea es muy poco representativa de la realidad económica”.
A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del 33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un marciano”.
