De madrugada, luego de un intenso debate que se extendió por más de 5 horas, el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría. Fuertes cruces. Hubo una protesta afuera del Parlamento.
Por Julio El Alí
El proyecto de ley del Gobierno nacional que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría tras una extensa reunión del plenario de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
Luego de 5 horas de un debate cargado de chicanas políticas entre oficialistas y opositores que tuvo muchos momentos de tensión y tonos elevados, el oficialismo logró reunir las firmas necesarias para que salga el despacho de un proyecto de ley del cual todavía no cuenta con las voluntades necesarias para que sea aprobada en el recinto.
El dictamen de mayoría obtuvo 34 firmas; mientras que el dictamen de minoría cosechó 30 acompañamientos por parte de Juntos por el Cambio; en tanto que el tercer dictamen correspondió al de la diputada Graciela Camaño, que adelantó que no votará a favor del oficialismo.
Según informaron fuentes parlamentarias, el detalle de las firmas fueron: Comisión de Justicia: FdT 16 firmas, 14 JxC, y Camaño con dictamen propio; Comisión de Asuntos Constitucionales: FdT 18 firmas, 16 JxC, y Camaño con dictamen propio.
Al ser una de las primeras reuniones de comisión de forma presencial -otros estuvieron conectados de forma virtual- debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, los diputados de los distintos sectores políticos estuvieron cara a cara y abandonaron toda formalidad, rompiendo con una norma no escrita que dice que en comisión no se debate, sino que se expone sobre el articulado de la iniciativa.
Sin embargo, el calor político transformó el plenario de comisiones en una arena de lucha romana con encendidos discursos de las espadas del Frente de Todos, como Leopoldo Moreau, y de Silvia Lospenatto por parte de Juntos por el Cambio, aunque el macrismo sumó a dos virtuosos en el debate como Fernando Iglesias y Jorge Enriquez, que provocaron momentos donde se llegó hasta cruzar insultos.
Pero estos diputados no solo hicieron uso de la palabra a su turno, sino que cada vez que eran aludidos volvían a exigir su derecho de contestar y así se generaban los fuertes choques verbales.
Moreau, quien habló más de una hora, acusó a los de Juntos por el Cambio: “Ustedes llevaron adelante una campaña extraordinariamente agresiva, hostil, usando cualquier herramienta para ver como reemplazaban a la procuradora (general anterior, Alejandra Gils Carbó), y vienen a decir aquí que no quieren meterse en el extrapoder”.
“Eduardo Casal (actual procurador general transitorio) actuó como emperador, removió al fiscal (de la Seguridad Social Gabriel) De Vedia y promovió el sumario contra la fiscal (Gabriela) Boquín”, remarcó el diputado kirchnerista.
“Estamos entre la opción de continuar con la mafia o empezar a andar por el camino de la democracia”, cerró.
A continuación, Silvia Lospenatto, del Pro, realizó un enérgico discurso: “Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa vocación por destruir la independencia del Poder Judicial. Esta es una ley de impunidad pero es mucho más que eso: es una ley para destruir la independencia de los fiscales”.
Apuntado por la oposición por ser un aliado clave del oficialismo en la votación, el mendocino José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo) salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma: “Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe cómo está?”.
Justamente, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, (Frente de Todos) le tuvo que llamar la atención porque cuando en el marco de su discurso Moreau dijo “me olvidé algo”, el diputado del Pro le dijo “la pastilla”, lo que valió el repudio de la mayoría de los legisladores presentes.
Con el objetivo de llevar calma a la reunión, Graciela Camaño, quien participó por videoconferencia, manifestó: “Lamento estar metida en este barro que siempre meten las cosas. Siempre están embarrados. Por eso, estoy muy contenta de estar en una amplia avenida del medio donde puedo decidir”, destacó.
Pero eso no fue posible, porque el cruce entre Enriquez y Ramón continuó y sumó un nuevo capítulo cuando el diputado de Juntos por el Cambio lanzó: “Ramón, siga exhibiendo su ignorancia por el mundo porque parece que no entiende. Estudie. Vaya y lea la Constitución. Si me va a hacer una cuestión penal, me voy a adelantar y lo voy a denunciar yo a usted por traición a la patria”, disparó.
A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, afirmó: “A mí me da vergüenza estar acá. Yo le pido disculpas a la sociedad por estar debatiendo esto un día donde hubo 745 muertos por el Covid-19 y más de 35 mil infectados”.
El Frente de Todos le concedió al diputado Ramón una modificación vital a cambio de su apoyo: la creación de una procuraduría especializada en usuarios y consumidores.
El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
