Denuncian que el Gobierno porteño incumple la ley de censar a personas en situación de calle

La legisladora del FdT Laura Velasco se presentó ante la Justicia para indagar acerca del censo realizado por el Ejecutivo local explique la forma en la que se realizó el censo acerca de las personas que se encuentran en situación de calle o que están en riesgo de calle.

La diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, realizó una nueva presentación judicial que indaga sobre cómo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante el censo anual 2021 de personas en situación de calle y riesgo de calle, al que lo obliga la Ley 3.706 así como el fallo judicial de agosto de 2016.

Si bien hace un mes el Ejecutivo local contestó una intimación en este sentido, para Velasco “la respuesta no sólo es insuficiente sino que no tiene correlato con la realidad: fue completamente evasiva y aportó datos erróneos con el mero objeto de evitar el control de un censo que vuelve a realizarse de forma irregular. Por eso queremos que nos expliquen y acrediten con documentación cómo realizaron este relevamiento”.

Asimismo indicó que “el Gobierno de la Ciudad no se toma en serio a esta población tan vulnerable y vulnerada, por eso pretenden hacer pasar un conteo por un censo” y remarcó que “según establece la 3706, el objetivo es contar con información desagregada que posibilite un diagnóstico a partir del cual fijar políticas públicas puntuales para los distintos subgrupos; no es sólo cuantitativo, sino cualitativo. Y de la forma en que fue planteado por el Ejecutivo porteño esto era inviable, tanto desde lo metodológico como en término de plazos”.

Además recordó que “tanto el fallo como la legislación vigente plantean la necesaria participación de expertos en la materia, ONGs y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo de calle, pero fueron las propias organizaciones e instituciones las que denunciaron días atrás, a través de un comunicado, que el GCBA había incumplido todos los acuerdos y se encaminaba a realizar el censo sin su presencia”.

Por otro lado Velasco manifestó que “si bien resulta entendible lo informado por el gobierno porteño sobre el censo 2020 y la necesidad de suspenderlo debido a la pandemia, justamente por eso era fundamental contar ahora con un plan adecuado a esta realidad, el cual no existio” y pidió tener “en cuenta que hoy la Ciudad tiene un promedio de casos diarios muy superior a cualquier cifra registrada en el distrito durante todo el año pasado. Queda así a la vista la falta total de planificación con que se realizó este relevamiento. Una muestra más: al 22 de abril ni ellos sabían cuándo se iba a hacer”.

Cabe recordar que en marzo pasado, la opositora presentó un proyecto que solicitaba al Gobierno de la Ciudad que informe si tenía previsto vacunar contra el Covid 19  a las personas en situación de calle, en riesgo de calle y a las que viven en paradores; y, en caso afirmativo, de qué modo garantizaría la aplicación de la segunda dosis.

La legisladora, además, propuso inmunizarlas durante el censo 2021 a cargo de Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Si bien el GCBA dijo regir las etapas de vacunación del distrito según lo establecido por la cartera sanitaria nacional, lo cierto es que al día de hoy ni siquiera se encuentran incluidas aquellas que están dentro de las franjas etarias sobre las que ya avanzó el plan que lleva adelante la Ciudad.

“Hay adultos mayores de 70 años y muchísimas personas con enfermedades pulmonares en calle, por eso es de suma importancia saber cómo se va a proteger en esta segunda ola a todas estas familias y personas en extremo vulnerables, con grandes riesgos de contraer el virus por sus condiciones de vida e imposibilitadas de realizar una inscripción web”, manifestó la diputada porteña.

Y completo: “La Ley 3.706 le otorga a las personas en situación de calle y riesgo de calle el derecho a un acceso pleno a todos los servicios socio-asistenciales que brinda el Estado y entidades privadas conveniadas con este. Por lo tanto, es el Gobierno porteño quien debe garantizar la inmunización de esta población, como ocurre con el resto de los ciudadanos y ciudadanas que viven en la Ciudad de Buenos Aires”.

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