El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” recibió este jueves media sanción del Senado.

La iniciativa apunta a otorgar facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de coronavirus.

Su objetivo es “establecer medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de contagios por Covid-19 que se aplicarán en todo el país”.

Con la misión de ganar respaldo, el oficialismo en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones al texto. Uno de los cambios es que se incorporó que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. La versión original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido cuando el proyecto ingresó al Senado.

También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. La ausencia de un plazo en la norma era otro de los planteos que se cuestionaron.

Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determinó la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -el texto inicial decía 20 en lugar de 19- para los aglomerados de más de 300 mil habitantes y que estén en alarma epidemiológica; y se agregó que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.

En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.

Asimismo, se sumó que quedará “autorizado el acompañamiento de los y las pacientes en estado terminal con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”.

“En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la citada ciudad, según corresponda. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado, por parte del o de la acompañante”, añade el artículo.

Uno de los puntos que logró el cambio de postura del aliado Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) es la aclaración de que, en los casos de “alto riesgo”, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán “disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales” en zonas que presenten parámetros diferentes al resto del distrito.

Clases presenciales

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.

Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”. Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.

Otros puntos

Para el Ejecutivo Nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 10 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Para las zonas más “calientes” en cuanto a cantidad de casos, “si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para adoptar restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, siempre que cuente con la intervención de la autoridad sanitaria nacional que fundamente la razonabilidad de la medida sanitaria a adoptar” y “dichas medidas podrán ser dispuestas por un plazo máximo de vigencia de 21 días corridos”.

Además, se prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.