Recibió media sanción del Senado la nueva Ley Ovina

La iniciativa fue votada este jueves en el Senado por 60 votos a favor, uno en contra y una abstención. Incorpora la ganadería de llamas y fija que por un plazo de 10 años se destinará un presupuesto de 850 millones de pesos para estos sectores.

senadores frente de todos sesion senado 20 mayo 2021
Foto: Comunicación Senado

El Senado dio media sanción por 60 votos positivos, uno negativo -del entrerriano Edgardo Kueider- y una abstención -del salteño Juan Carlos Romero- al proyecto que modifica la actual Ley Ovina (N° 25.422), cuya vigencia venció el pasado 5 de abril.

La iniciativa incorpora a la ganadería de llamas y establece que por el plazo de 10 años se destinará en el Presupuesto Nacional un monto de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades.

El texto fue formalmente presentado por el jefe del Frente de Todos, José Mayans, pero se trabajó en coordinación para su redacción con el Poder Ejecutivo y, fundamentalmente, con la Cámara baja, con el objetivo de darle un rápido trámite.

Juntos por el Cambio y las senadoras Lucila Crexell y Clara Vega -de Parlamentario Federal- apoyaron el proyecto en general, pero en la votación en particular se opusieron en una serie de artículos que mencionaron durante el debate.

La votación tuvo solo un voto en contra, de un oficialista. (Fotos: Comunicación Senado)

Miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), destacó que la iniciativa “ha logrado un enorme consenso dentro de la comisión” y se trata de “un proyecto sumamente importante para la vida social y económica de la Argentina”.

“La actividad ovina tiene una enorme importancia y una gran antigüedad, junto con los conquistadores llegaban las ovejas e iban poblando nuestras tierras”, recordó, y mencionó que la Ley 25.422 se aprobó en 2001 para salir al rescate de la actividad, y se prorrogó en 2010 hasta abril de este año.

Ahora, el proyecto de reforma “propone algunos nuevos caminos a transitar” para potenciar el sector, señaló el legislador puntano, dado que “se perdió casi el 70% de la producción ovina”, de la cual “el 55% se da en nuestra Patagonia, lo cual debemos proteger”, detalló.

“El consumo de carne es muy poco, entre 200 o 300 gramos por habitante por año; ahí tenemos un enorme espacio para crecer”, apuntó Rodríguez Saá, que precisó que se generan “14.600 toneladas de carne” al año y “47 mil toneladas de lanas”, de las cuales “el 74% sale sin lavar y sin peinar”. Sobre esto último, resaltó la necesidad de “mejorar y enriquecer con el trabajo argentino nuestra producción de lana”, de modo de generar valor agregado.

Foto: Comunicación Senado

Por su parte, el entrerriano Alfredo de Angeli (Pro) expresó que esta ley “es necesaria” y anticipó el acompañamiento en general de Juntos por el Cambio, pero planteó sus propuestas de modificación a la iniciativa. Si bien valoró el artículo 6 referido a los pequeños productores, aseguró que el artículo 12 “la echa por tierra”.

Al igual que lo explicara en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la cual es vice, el macrista señaló que la palabra “prioritariamente” pone “en desventaja a los medianos y pequeños productores”. En alusión al reparto de los fondos, De Angeli consideró que debe indicarse que “en un 60% se va a distribuir entre los productores y el 40% por la cantidad de ganado”, como establece la ley recientemente vencida.

“No pudimos conseguir de hacer ese cambio; sacar la palabra prioritariamente, para establecer una combinación. No queremos poner palos en la rueda, pero si no se acepta esa modificación, el artículo 12 lo vamos a votar en contra, porque está beneficiando a los que más cabeza de ganado tienen”, resumió, y reclamó también por colocar un índice de actualización al monto de 850 millones de pesos, ya que es de acá a diez años.

Objetó otro de los puntos del proyecto la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González (Pro), quien indicó que hace 20 años cuando se sancionó la norma se tuvo en cuenta la protección ambiental. “¿Queremos retroceder?”, se preguntó, en referencia a la derogación que se propone del artículo 3 de la actual Ley 25.422, el cual habla de que “la ganadería ovina deberá llevarse a cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales”.

“Deberíamos estar preparando a la agroindustria y a nuestro sector productivo en general para un mundo competitivo en donde la sostenibilidad toma valor no solo por una cuestión moral, sino toma valor económico. Nos vamos a quedar afuera de los mercados si no nos aggiornarnos”, sostuvo y advirtió: “No solo vamos a estar perjudicando al ambiente sino dañando la sustentabilidad en especial de los pequeños productores”.

La bonaerense subrayó que “permitir una carga de uso del suelo excesiva es claramente pan para hoy y hambre para mañana; porque ese suelo si no lo protegemos va a ser menos eficiente, va a rendir menos, va a generar menos”. Y agregó que “no” cree que “el sector haya pedido que se elimine este artículo” porque “es en beneficio de su producción”.

Desde Río Negro, el senador Alberto Weretilneck (JSRN) enfatizó que esta es “una ley que para los patagónicos es transcendente y sumamente importante” y constituye “la continuidad de una política de Estado”. Al repasar la evolución y caída del sector a lo largo de los años, el legislador lamentó que “menos de dos kilos y medio por año come cada uno de los argentinos” de carne ovina.

Para el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), la iniciativa “es una señal muy fuerte en defensa de las economías regionales” y “una demanda de muchos productores”. El radical valoró que, pese a las diferencias, en la comisión “todos estuvimos de acuerdo que entre los principales desafíos que tenemos en Argentina es darle valor agregado en origen a nuestra materia prima”.

Al plantear las propuestas de cambios, en línea con lo dicho por su par De Angeli, Zimmermann aprovechó para criticar el cierre de las exportaciones de la carne vacuna dispuesta por el Gobierno: “Creen que con esta medida se va a poder controlar la inflación, la verdad no entendemos esta enorme contradicción y no la acompañamos”.

Cerró el debate el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (FdT), quien dijo que esta ley “trae nuevos objetivos y un nuevo enfoque”, al tiempo de “una mirada y un desarrollo más integral de la cadena”. Puntualmente sobre la cuestión presupuestaria, el cordobés defendió el monto de 850 millones de pesos sin índice de actualización.

El oficialista destacó “el esfuerzo que hoy está haciendo el Estado, en un momento en que esto es extrapresupuestario, porque no está contemplado en el Presupuesto 2021” pasar de 20 millones de pesos a 850. “Es una demostración de la voluntad de nuestro presidente de desarrollar las actividades regionales”, expresó, y aseveró que los siguientes gobiernos podrán “en los próximos diez años ir recalculando el monto”, que “es suficiente para este momento”, ratificó.

Puntos centrales del proyecto

En el proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.

La iniciativa establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.

Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.

Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.

El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.

Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.

El artículo 12 del proyecto expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.

Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.

“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.

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