Ante la perplejidad de los invitados, diputados se cruzaron en el debate sobre violencia institucional

En el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados los diputados Hugo Yasky, Fernando Iglesias y Paula Penacca protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones.

Fotos: HCDN

En el quinto encuentro realizado en el marco del debate de la ley de violencia institucional, oficialismo y oposición se cruzaron este miércoles en presencia de las madres de víctimas invitadas. Las expositoras mostraron su decepción ante la pelea y María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, concluyó: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.  

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión remota este miércoles por la mañana en la que expusieron madres de víctimas de violencia institucional y funcionarios de la Justicia que trabajan con el tema. 

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, abrió el encuentro: “Ya existe esta ley y lo que no llega a saberse es que el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la ley de víctimas. No lo cumplen ni jueces ni fiscales, que no investigan y hostigan a las víctimas”. “Las víctimas, encima de lidiar con las muertes de nuestros hijos, tenemos que lidiar con jueces, con fiscales, con políticos”, expuso.

Patricia Isorni, presidenta del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero y parte del colectivo de Madres del Dolor de la provincia de Santiago del Estero, tildó a la situación de su provincia de “crítica” por un elevado caso de asesinatos. 

“Mi hijo ha sido asesinado”, aseguró, y denunció la falta de investigación por parte de las fiscalías. Explicó su caso: “Supuestamente dicen que fue un accidente de tránsito pero mi hijo tiene un disparo en la cabeza”. Inclusive, mostró la foto. Más adelante admitiría que la fiscal del caso la tiene “bloqueada en el teléfono”.

Patricia Isorni habló de la situación imperante en su provincia, Santiago del Estero.

María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, sostuvo: “Tengo que agradecer a los medios, que son los que hasta el día de hoy nos dan apoyo”. Por otra parte, denunció la situación de Córdoba: “Parece que la policía no forma parte del poder político, parece que no sé quién los nombra”.

“Yo pido que ustedes hagan algo”, “necesito que se haga visible lo que pasa en Córdoba”, solicitó.

“La Defensoría sólo el año pasado hizo más de 100 denuncias por violencias institucional de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que va del año ya tenemos 4 denuncias penales, por exactamente lo mismo”, arrojó Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La verdad que nosotros felicitamos el proyecto, es bienvenido”, continuó. Amor agregó que “la verdad que las víctimas de violencia institucional no reconocen grietas, son víctimas”.

Por su parte, Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, consideró que el proyecto es “importantísimo” y agregó: “Creo que el problema debe instalarse en la opinión pública y también en el Congreso”. Martínez identificó “algunos defectos técnicos que tiene que mejorar”, tales como “una omisión en el articulado de cualquier referencia a la protección de las personas que denuncian estos hechos, a los familiares y a los testigos”.

La defensora General de la Nación pidió además no centrarse tanto en la violencia institucional por parte de la policía y visibilizar otras situaciones como la violencia judicial o por parte de políticos o por instituciones no gubernamentales.

Emelina Alonso, secretaria a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad y de la Secretaría Letrada de Violencia Institucional opinó que “es fundamental que existan leyes como esta para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia institucional”.

Martha Arriola, ex subsecretaría de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y coordinadora del Movimiento Cuidadores de la Casa Común también propuso algunas consideraciones al escrito. “A mi me parece que ley integral contra la violencia institucional bien podría estar planteada desde los considerandos, los capítulos, los fundamentos como una ley de prevención y reparación integral a las víctimas de daños causados por la violencia institucional”, sugirió.

El diputado nacional Sebastián Nicolás Salvador agradeció a los invitados y señaló: “Además de tratar este proyecto, nosotros como diputados tenemos el rol de estar denunciando esto permanentemente. Hoy seguimos con los mismos hechos que están pasando hace un año”.

Luego, Karina Banfi se mostró “conmovida por escucharles la voz” a las madres devíctimas y consideró que “está faltando la decisión política” de no violar los Derechos Humanos. En el mismo sentido, habló de la persecución de senegaleses. Más adelante le advertiría a Hugo Yasky: “Lo que le tengo que decir al diputado Yasky se lo voy a decir en una cuestión de privilegio en el recinto por discriminar”. 

La diputada Gisela Marziotta opinó que “no hay Gobierno que se haya salvado” de la violencia institucional y por eso celebró que el proyecto esté en agenda. “Lo importante es que se convierta no sólo en agenda sino en política de Estado”, añadió, y además lo consideró un “punto de partida”.

En el mismo sentido, la diputada Mónica Macha pidió no avalar “discursos de violencia de ningún tipo” y entonces la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca aprovechó la ocasión para repudiar “el llamado al odio permanente, a la falta de consideración de las circunstancias”. 

“Incluso las circunstancias que atravesamos hoy que son muy difíciles,  generan situaciones de violencia. Y esas situaciones de violencia a veces se expresan de la peor manera, como fue la explosión de un artefacto, de una bomba, en un local partidario en Bahía Blanca. Una organización en la que yo milito además”, lamentó.

El cruce 

Mientras exponía, el diputado Hugo Yasky mostró su apoyo al pedido de Paula Penacca de denunciar otro tipo de violencia además de la institucional, lo cual ejemplificó con el atentado de este martes contra la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca. En ese momento, Fernando Iglesias interrumpió para pedir “moción de orden”. “Presidente, moción de orden, ¿me escucha? Usted es el presidente, moción de orden, moción de orden”, repitió el legislador opositor.

“Pida la palabra y después se la vuelvo a dar”, sumó Penacca, mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías le exigía a Iglesias que “aprenda a respetar”. El diputado se defendió: “Según el reglamento de la Cámara tengo derecho a pedir moción de orden. Lea el reglamento, Yasky”.

“Usted pida la palabra y se la volvemos a dar cuando termina el diputado Yasky. No hace falta”, prometió la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

Hugo Yasky finalizó: “No debemos dejar de plantear, y lo vamos a hacer en una declaración que va a proponer nuestro bloque, el gravísimo hecho que sucedió en Bahía Blanca, la voladura de un local partidario”. “Cualquier local partidario víctima de cualquier hecho de terrorismo es un local partidario de todos nosotros, seamos del bloque oficialista, de la oposición o de cualquier partido. Nosotros no podemos permitir que en un país donde ocurrió el terrorismo de Estado vuelvan a ocurrir estos hechos”, agregó.

A continuación, Penacca agregó: “A mí, en términos personales me daría vergüenza que entremos en una discusión a los gritos”. Propuso entonces, continuar en el orden de la palabra para las madres de víctimas. Iglesias, al no serle concedida su intervención, interrumpió: “Como siempre, no son capaces de respetar un sólo compromiso. Ni un pequeño compromiso son capaces de respetar. Me dijo que me iba a dar la palabra, ¿me la va a dar o no me la va a dar?”.

Penacca le contestó: “¿No puede respetar a alguien que no sea usted mismo?”, a lo que Iglesias contestó en tono de voz alto y luego se retiró de la reunión.

Los invitados reaccionaron indignados ante el hecho. “Ver estos arranques de violencia duele, y más duele saber que estas son las personas que nos están representando en este momento”, se lamentó Cristina Castro.

Cristina Castro se indignó ante la pelea de los legisladores.

Perdonen que los abandone, pero ya dejé de lado dos horas de mi trabajo y tengo que volver a trabajar. Porque las mamás que estamos acá somos laburantes. Nos dedicamos a eso. Una vida entera cuidando a nuestros hijos con mucho esfuerzo para que mueran en manos del Estado”, se disculpó por último.

En el mismo sentido, María Soledad Laciar admitió: “Estuve a punto de irme. Lo que pasó me parece una falta de respeto para nosotros. No tienen idea al dolor que nosotros pasamos, lo que nos cuesta estar enfrente de una cámara”. La mamá de Blas Correas continuó: “Estar acá y escuchar cómo pelean… tuvimos que presenciar una situación en la que sentí que nuestra presencia importaba poco”. 

“Hagan un mea culpa, nosotros estamos pidiendo justicia por nuestros hijos y acá se están peleando por si son de un partido o de otro, creo que lo podrían haber dejado para otro momento”, agregó. Por último, pidió “un poquito de piedad por lo que estamos pasando” y sentenció: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.

El diputado Sebastián Nicolás Salvador cerró la reunión al pedir “preveer el formato de estas reuniones cuando vienen víctimas para no tenerlos tres horas, tienen que trabajar”. Además, insistió: “Hacer caras o hacer burlas, eso también es violencia”. “Tenemos que hacernos cargo de lo que pasó”, concluyó el radical.

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