Con mayoría asegurada en la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de validez del DNU 334/21, que dispuso un nuevo confinamiento en las zonas del país con más alto riesgo epidemiológico a causa de la pandemia de Covid.

Los legisladores de Juntos por el Cambio, presentes en la reunión de este miércoles, a diferencia del último encuentro, manifestaron su rechazo y cuestionaron el uso de DNU’s por parte del Gobierno nacional.

Además, los opositores aseguraron que el decreto atenta contra el federalismo de concertación, al igual que el proyecto de ley sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para gestionar la pandemia, que comenzará su tratamiento en breve en la Cámara baja.

En el comienzo del debate, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) ratificó la importancia del funcionamiento de la bicameral y se refirió al proyecto de ley votado en el Senado la semana pasada para establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios.

“En pandemia a diario se deben tomar diferentes decisiones”, expresó la oficialista y defendió esa iniciativa del Poder Ejecutivo -que ahora deberá tratar la Cámara baja- ya que “es central porque se ha cuestionado mucho el uso de DNU”, y esa ley “le va a permitir a nuestro presidente y a nuestros gobernadores tomar la medidas necesarias”.

En una exposición sostenida con varios gráficos sobre los datos de la pandemia, el diputado tucumano Pablo Yedlin (FdT) señaló que “llegamos a este DNU cursando una enorme cantidad de casos”, en la cual se duplicó “la cantidad de casos de la primera ola en el país”, por lo que hay “una situación muy crítica, con áreas muy congestionadas”.

Durante su intervención, el oficialista insistió que “en algunos medios hay una tendencia a sobrevalorar cómo se gestionó la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires”, pero “es una pena que eso no esté acompañado por los números”, ya que el distrito porteño tiene “la peor mortalidad por lejos”.

Yedlin destacó que en el país “se aumentó la capacidad de testeos” y “las vacunas están mostrando efectividad y resultados en la población real”.

“Quizás este sea el último DNU de estas características que tengamos que debatir en esta bicameral, porque viene la ley que muchas veces se reclamó desde la oposición”, dijo y remarcó que estamos en el momento de “la gravedad más grande que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia”.

En contra del DNU, el diputado porteño Pablo Tonelli (Pro) argumentó el rechazo de Juntos por el Cambio al indicar que el decreto “reproduce un proyecto de ley que el presidente ya ha enviado al Congreso”, el cual “está funcionando”, por lo que “no se justifica que el presidente recurra a este instrumento”.

“La improcedencia del DNU se agrava por el hecho de que el presidente ya ha mandado un proyecto de ley al Congreso”, reiteró, y opinó que esto es “claramente una interferencia en la tarea del Congreso, totalmente injustificada”.

Además, el macrista consideró que “no hay ninguna razón de urgencia y necesidad” porque “nada de lo que está ocurriendo en materia sanitaria es imprevisto”. “La pandemia se instaló en Argentina en marzo del año pasado. Nada de lo que está ocurriendo es novedoso, más allá de que los casos puedan aumentar o disminuir”, manifestó.

El legislador cuestionó que en el DNU se establece un “facultamiento a los gobernadores”, algo que “es un despropósito, un disparate que no tiene cabida en la Constitución Nacional. Las provincias son autónomas, tienen sus propias atribuciones y no necesitan que el Gobierno nacional las faculte a nada“.

Tonelli criticó también que el decreto carece de los argumentos del último fallo de la Corte Suprema -sobre el DNU 241/21 cuestionado desde CABA- , y va en contra del federalismo de concertación. En ese sentido, el opositor enfatizó que el Gobierno debería “respetar la Constitución, respetar los fallos de la Corte, y buscar coordinar y concertar con las provincias”.

Luego, el senador pampeano Daniel Lovera (FdT) subrayó que “no se pueden tener 24 estrategias sanitarias distintas, no se puede fragmentar la gestión de la pandemia”. Y aseveró que la situación actual “nos exige más que nunca sensatez, conciencia colectiva y responsabilidad política en lo que hacemos y también en lo que decimos; ojalá que podamos dar desde este Congreso una muestra de grandeza y esfuerzo conjunto sin especulación política”.

Por su parte, el diputado chubutense Gustavo Menna (UCR) afirmó que “esta estructura jurídica está al margen de la ley”, porque el DNU 334/21 hace referencia al decreto 260/20 y sus modificatorios, mediante el cual se amplió la emergencia que había dispuesto la Ley de Solidaridad Social, que “está caduca”. “Es una cuestión grave”, apuntó.

El radical cuestionó el uso de DNU’s por parte del Gobierno, que “lo que ha hecho es transformar en regla la excepción”, y recordó que “de los 98 Decretos de Necesidad y Urgencia, solo se han tratado 40” en la comisión. “Emergencia claramente la hay, pero no hay una cuestión novedosa que impida seguir el trámite para las leyes”, dijo, en consonancia con su par Tonelli.

“He escuchado que el Poder Ejecutivo se toma atribuciones inconsultas con las provincias. Quiero decir que, previo al dictado de este DNU, como de los anteriores, el presidente ha tenido reuniones con los gobernadores, precisamente interiorizándose sobre las problemáticas de todas las provincias. Diálogo hubo y en exceso“, destacó la senadora formoseña María Teresa González (FdT).

Por último, y ya con los legisladores de la oposición desconectados de la reunión, el senador porteño Mariano Recalde (FdT) sostuvo que “estamos en el peor momento desde el comienzo de la pandemia, un momento de verdadera urgencia donde se necesitan medidas drásticas mientras se espera la llegada de lo que creemos la verdadera salida y libertad, que es la vacunación”.

El kirchnerista criticó a la oposición que “desde hace un tiempo viene modificando su postura”, cuando en un principio de la pandemia acompañaron al Gobierno incluso con “medidas más drásticas y la evolución de la pandemia que no era tan grave como ahora”.

El legislador fustigó que este “cambio” se da por el año electoral, en el que desde Juntos por el Cambio “empezaron con todo tipo de estrategias de diferenciación y de obstrucción a las medidas que lleva a cabo el Gobierno”. Y resaltó que en sus fundamentos para oponerse “omiten la cantidad de muertes, de contagios y del sistema sanitario”.

“Si esta no es una situación de necesidad y urgencia, no se me ocurre otro ejemplo más claro”, agregó, y completó: “Es un decreto dictado en una situación nueva que hizo que hasta algunos opositores a estas medidas terminen aplicándolas en sus distritos”.

El DNU 334/21 prorrogó hasta el 11 de junio los alcances de DNU 287/21, al tiempo que sumó medidas “preventivas adicionales” para los puntos del país con alto riesgo o alarma epidemiológica. En ese sentido, del 22 al 31 de mayo y durante el fin de semana del 5 y 6 de junio, habrá un confinamiento más estricto en esos lugares.

Entre las restricciones, se suspendieron completamente las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; se habilitó solamente la apertura de los comercios considerados esenciales, mientras que el resto puede funcionar con envío a domicilio o entrega en puerta; y se dispuso que las personas puedan circular en las cercanías de su domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas; entre otras.