Los cambios en las alícuotas impulsados por el Poder Ejecutivo nacional se convirtió en ley con el apoyo del oficialismo mientras la oposición lo rechazó en el Senado. No hubo sorpresas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio el presente.
El Senado de la Nación aprobó este miércoles y convirtió en ley las modificaciones al Impuesto a las Ganancias a empresas que impulsa el oficialismo, con 36 votos a favor y 26 votos en contra, luego de unos minutos en que el sistema de votación virtual se cayó.
En un debate sin sobresaltos, previsibles y con discursos antagónicos entre la oposición y el oficialismo, el proyecto de ley que ya tenía media sanción de Diputados ahora contó con el aval del Frente de Todos y algunos aliados, mientras que la bancada de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa.
Ambos espacios políticos reiteraron sus argumentos ya esgrimidos en el debate cuando la Cámara alta aprobó el aporte solidario para un fondo por la pandemia de coronovirus, tal como lo recordó la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en los palcos, el peronista cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa argumentando que “el 90 por ciento de las empresas argentinas pagarán menos o el mismo impuesto en 2022”.
“Las únicas empresas que pagarán más que antes serán las que tengan más de $50 millones de utilidades. Es un sector minoritario. No es real que acá haya un ajuste atroz para las empresas”, sentenció.
En contra del proyecto, el radical porteño Martín Lousteau declaró que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina”.
“Eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”, vaticinó.
En la misma línea, el senador sanjuanino Roberto Basualdo señaló que “a diferencia de la tendencia en el mundo, le estamos poniendo un salvavidas de plomo a las empresas porque en vez de ayudarlas, la estamos obligando a pagar impuestos muy altos porque a veces los políticos piensan que es un pecado que le vaya bien a una empresa”.
El texto de la ley
La sancionada norma busca -a priori- aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.
En dicha ley se establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.
El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones.
Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.
La iniciativa establece que el pago sea progresivo, es decir, que una empresa que haya tenido 60 millones de pesos de ganancias netas anuales pagará: el 25% por los primeros 5 millones; 30% para los siguientes 45 millones; y 35% para los 10 restantes.
