La polémica por la no llegada de vacunas de Pfizer a la Argentina sigue sumando capítulos. Desde la oposición se insiste con pedido de explicaciones al Gobierno y el tema será, seguramente, uno de los que en la sesión informativa de este jueves se le consulte al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Cámara alta.

Pero antes de la visita presencial, el funcionario respondió por escrito preguntas que senadores de la oposición le hicieron sobre el asunto, y ratificó la versión de Casa Rosada de que el laboratorio pedía en las negociaciones exigencias mayores a las contempladas en la ley que se aprobó para facilitar la firma de contratos por vacunas.

En la pregunta N°33, el radica fueguino Pablo Blanco planteó: "El exministro de Salud Ginés González García expresó públicamente que una condición era que la firma del contrato la hiciera el presidente de la Nación. Si la exigencia de Pfizer de que el contrato lo debe firmar el presidente no la tienen otros países, ¿cuáles son las razones de tal diferencia? ¿Qué hizo o hace la Argentina distinto a otros países como Chile, Perú o EE.UU. que se genera una exigencia mayor?".

En ese sentido, desde Jefatura de Gabinete se recordó que la Ley 27.573 faculta “al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud a suscribir, en los contratos que celebre conforme el procedimiento regulado en la presente ley, todos los actos administrativos previos y posteriores tendientes al efectivo cumplimiento de éstos, a modificar sus términos, y a incluir otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna para la prevención de la enfermedad Covid-19, con el objeto de efectuar la adquisición de las mismas”.

Al mencionar que distintos proveedores solicitaron por una serie de condiciones, el Congreso avanzó con esa ley, pero una vez publicada en el Boletín Oficial "Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa".

"Las dificultades en relación a la compañía norteamericana no radicaron en quien firma el contrato, sino en dos problemas. El primero tenía que ver con el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior", contestó Jefatura.

Y se enfatizó que "estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, es importante destacar que durante el mes de abril Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19".

Además, en la respuesta se aclaró que "el Ministerio de Salud desconoce las características de los contratos que el laboratorio Pfizer ha celebrado con otros países, dado que los mismos se encuentran alcanzados por cláusulas de confidencialidad".

En otra pregunta, la N°155, Blanco exige saber: "Según trascendió por parte de fuentes inobjetables de la compañía Pfizer, el Gobierno nacional habría rechazado una oferta por 14 millones vacunas a mediados de julio de 2020. Estas vacunas hubieran sido entregadas prácticamente al costo, a un precio más del 50% más barato que el establecido por el laboratorio para los Estados Unidos".

"El Ministerio de Salud informa que no rechazó una oferta de 14 millones de dosis que hubieran sido entregadas prácticamente al costo del laboratorio Pfizer, ni a mediados de julio del año 2020 ni en ninguna otra oportunidad. Tampoco consta en el Ministerio de Salud que el precio que habría ofertado la empresa sea '50% más barato que el establecido por el laboratorio para los Estados Unidos'", negó la cartera de Salud en el informe de gestión.

También, remarcó que "en el caso de tratarse de fuentes inobjetables de la compañía Pfizer, las mismas se encuentran alcanzadas por el Convenio de Confidencialidad suscripto a requerimiento de esa compañía con el Ministerio de Salud con fecha 02/07/20", por lo cual "el senador Pablo Blanco debería informar el nombre de las fuentes inobjetables que le proporcionaron tal información".