Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja se reunieron este viernes con expositores representantes de organismos que lidian con violencia institucional en la práctica.
Con la ausencia de Juntos por el Cambio y momentos de tensión entre el oficialismo y la principal oposición, las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un nuevo debate sobre violencia institucional este viernes en una reunión remota. Entre exposiciones, el diputado Sebastián Nicolás Salvador (UCR-Buenos Aires) hizo una fugaz aparición para aclarar que su bloque estaba ausente por cuestiones del “funcionamiento de nuestra comisión”.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, abrió la discusión sobre aquellos casos en los que la violencia institucional se ejerce sobre niños y adolescentes. Propuso, por ejemplo, crear un capítulo especial en la ley dedicado a los niños. Planteó la necesidad de crear un mecanismo de protección para los menores que realicen denuncias.
Por su lado, el expositor Gustavo Palmieri, comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, se preocupó por delimitar la diferencia entre la violencia institucional y la tortura. “En Argentina -la violencia institucional- tiene una capacidad de articulación de denuncias y de respuesta muy importante”, aseguró. Puso el foco en la importancia de los registros de situaciones. Aclaró también que las víctimas “necesitan acompañamiento para superar las situaciones por las que han pasado”.
En el mismo sentido, Rocío Alcomada Alfonsín, también comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, pidió una articulación en la recepción de denuncias de violencia institucional y tortura. “La idea no es que esto sea un obstáculo en lugar de una ayuda”, enfatizó. También insistió con la protección de las víctimas “esto en la Ley de Víctimas está garantizado”, recordó y aclaró: “Pero no para las víctimas de violencia institucional. Esto se puede agregar”.
A continuación, María Laura Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal, admitió a propósito de la violencia institucional: “Poder recibir denuncias sobre estos temas, sobre estas prácticas lleva a diseñar un mapa que nos va a permitir trabajar sobre esas cuestiones, corregirlas”. Luego, se explayó en las capacitaciones de los oficiales y suboficiales.
A modo de recuerdo de la situación ocurrida en debate anterior sobre violencia institucional, donde el oficialismo y la oposición se cruzaron ante los invitados, la diputada Paula Penacca (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, le otorgó la palabra al legislador Sebastián Nicolás Salvador, aunque no sin antes aclarar que le agradecía “que haya esperado hasta la finalización de las exposiciones” y que “me parece que es importante que respetemos las formas de funcionamiento que nos damos”.
El diputado radical, por su parte, se dirigió a los invitados para puntualizar: “Queríamos manifestar que la no participación no tiene que ver con el proyecto, que sí nos interesa”, en relación a la ausencia de Juntos por el Cambio. Explicó la razón de la no presencia del bloque como “por cuestiones ajenas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra comisión, donde a veces no tenemos participación y no tenemos posibilidad de proponer invitados”.
La presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y exdiputada, Victoria Donda, consideró a la ley como “totalmente necesaria”. Luego de asegurar que desde el INADI advirtieron que la mayor causa de violencia en el país es “la pobreza asociada al racismo”, postuló: “Nos parece fundamental que esta ley vaya acompañada de otra”, y pidió “que por ley se establezca que los miembros de las fuerzas de seguridad se pueden capacitar en cuestiones de género y racismo”.
Gabriela Torres, secretaria de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación, especificó que “hay algo para desarmar la violencia”. Según Torres, “no sólo es capacitación sino que existan los recursos concretísimos de dónde mando a un pibe que consume, etcétera”. La funcionaria también pidió aclarar a dónde hay que ir en cada caso de violencia.
A su turno, la diputada Alcira Figueroa (Frente de Todos-Salta) criticó la falta de visión integral en el debate de la ley. Propuso “reformular un poco la función de las fuerzas de Seguridad, hacia qué estarían orientadas, para cambiar de raíz las acciones que uno ve cotidianamente” y pidió no sólo pensar en “la represión, el castigo”.
El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, cerró el encuentro con un agradecimiento a los expositores. Agregó, además: “Las leyes que protegen a los débiles son las leyes que se imponen como más necesarias, pero son también las que más cuestan después lograr que se cumplan efectivamente, que se territorialicen”.
La iniciativa de Ley Integral contra la Violencia Institucional establece la creación de un programa de reentrenamiento con perspectiva de DDHH para las fuerzas de seguridad y la asistencia integral y reparación a las víctimas, entre otros puntos clave.
