Como lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Comisión de Derechos Humanos -presidida por la kirchnerista Victoria Montenegro (FdT)- se reunió con familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón, quienes se presentaron ante la misma un proyecto de ley para que la Ciudad avance con la expropiación del predio de “República de Cromañón”, ubicado en Bartolomé Mitre 3060 entre Ecuador y Jean Jaures.

En la reunión estuvo presente la madre de Julián Rozengardt, quien murió a los 18 años en el boliche, y miembro del Movimiento Cromañón, Silvia Bignami, aseguró que “hay una deuda de la Legislatura con este proyecto porque Cromañón es el hecho más trágico que recuerda la ciudad de Buenos Aires”. Mientras que Brenda Re, sobreviviente de la tragedia, afirmó que presentaron “estos proyectos cuando supimos que le dieron la llave del edificio a su dueño Rafael Levy. Creemos que es importante para la Ciudad contar con un lugar que refleje lo que sucedió y sabemos que hubo proyectos aprobados para expropiar inmuebles”.

Por su parte, Montenegro precisó que desde el FdT están “convencidos de que en Cromañón no puede funcionar nada más. Hay que seguir trabajando en estos espacios de conciencia y de memoria porque son muy importantes para intentar reparar algo del tremendo daño que causó Cromañón”.

En tanto los bloques de izquierda, representados por Pablo Almeida (FIT) y Marta Martínez (AyL), aseveraron que apoyan “la lucha de los familiares y los sobrevivientes que están dando por la justicia y porque existe un espacio de memoria, para que nunca más la corrupción esté por encima de la vida”.

El proyecto de las familias

La iniciativa prevé que la edificación existente en el inmueble expropiado “deberá resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad” y también exige que el “Santuario” que se creó en las inmediaciones del inmueble, el cual también deberá ser protegido por el Estado.

Además el texto que se presentará este lunes, sostiene que “corresponde al Estado la concreción de la expropiación así como la determinación de la partida presupuestaria para su restauración y mantenimiento; la administración del lugar estará a cargo de familiares y sobrevivientes de Cromañón con independencia del Estado” y  pide que se garantice “una consulta amplia e informada a los familiares y sobrevivientes de la masacre de Cromañón, que permita respetar las diversidades presentes en dicho movimiento”.

En los fundamentos de la iniciativa, los familiares sentenciaron que “la creación de un espacio integral para la memoria, significaría para sobrevivientes y familiares, una instancia reparatoria; pero a la vez afecta al conjunto del pueblo de la Ciudad y el país, toda vez que Cromañón marcó un antes y un después en la historia de la corrupción política y administrativa durante el período democrático. Se trata de un espacio para que las futuras generaciones puedan recordar lo que nunca más debería ocurrir”.