Se trata de una propuesta de los legisladores de Vamos Juntos, a través de la cual buscará que los curriculums no contengan ningún dato adicional más que la profesional. Las ofertas laborales tampoco podrán contener restricciones por sexo, edad, religión, entre otras.
En medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, los diputados de Vamos Juntos impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscarán establecer la utilización de un “curriulum equitativo” y evitar la discriminación laboral por cuestiones como el género, edad, lugar de residencia, entre otras.
La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque oficialista, Diego García Vilas (VJ), y cuenta con el apoyo de los diputados Gastón Blanchetiere y María Sol Méndez (VJ). La misma busca establecer con carácter obligatorio el “Currículum Equitativo” para todos los empleadores en el ámbito de la Ciudad.
Se trata de un instrumento en formato digital por el cual el trabajador presenta su postulación a ofertas laborales en condiciones de equidad y no discriminación; este CV contendrá de forma exclusiva e ineludible solamente la información que sea estrictamente necesaria para desempeñarse en el trabajo que se ofrece.
De esta manera el curriculum y la oferta que lance el empleados no podrá contener: fotografía del postulante; edad; género o sexo; estado civil; y dirección, barrio o lugar de residencia. Tampoco se podrá requerir condiciones de aspecto físico, como ser “buena presencia” u otros; indagar acerca de la ausencia o existencia de hijos o personas a cargo; información referente a la vida sexual de los trabajadores; o cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece y sea fuente de discriminación.
En caso de que el proyecto sea aprobado y que los empleadores no cumplan con la misma, el texto establece sanciones que consistirá en la realización obligatoria de capacitaciones en temáticas de género, inclusión plena y no discriminación.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “el proyecto persigue la tarea de remediar la situación de desamparo e indefensión en que se hallan ciertas personas que se ven imposibilitadas de acceder a un empleo formal o sufren discriminación laboral indirecta a la hora de la contratación” e indicaron que “esta forma de discriminación hace referencia a situaciones, medidas o prácticas aparentemente neutrales pero que en realidad tienen un efecto negativo en las personas, ya que no atañen al desempeño de la tarea o función para la que se postulan, sino que se cifran en cuestiones que hacen a su edad, sexo, identidad o expresión de género, domicilio, lugar de residencia, origen racial, ideología, religión o pensamiento político, estado civil y tener personas a su cargo, ya sea hijos/as o adultos mayores”.
“El proyecto parte de la idea de que, en principio, el único requisito que se precisa para desempeñar una actividad, tarea o función consiste en las habilidades y cualidades razonables para el ejercicio del mismo. De esta forma, cualquier otra exigencia o requerimiento que no tenga que ver con la actividad, tarea o función para la cual se solicita un postulante para un empleo cae dentro del concepto de acto discriminatorio y, como tal, es ilegítimo”, completaron.
