Diputados tratará un proyecto que suspende por seis meses la inscripción de SAS

Se trata de una herramienta que había sido creada durante el gobierno de Macri. La iniciativa tiene media sanción del Senado. Se debatirá en comisión este miércoles desde las 19.

Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados discutirá este miércoles, a partir de las 19, el proyecto de ley con media sanción del Senado que suspende por 180 días la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

La iniciativa, impulsada en la Cámara alta por el senador kirchnerista Oscar Parrilli, establece que las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (Sepyme).

De acuerdo al proyecto, se suspende por seis meses la constitución e inscripción de las SAS, una herramienta que fue creada durante el gobierno de Mauricio Macri, de modo de facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.

Durante este lapso de 180 días, las inscripciones se efectuarán exclusivamente en soporte papel, conforme las disposiciones y procedimientos previstos que al efecto dicte cada registro público.

En su articulado, la iniciativa establece que, para su inscripción, todas SAS deberán ser constituidas únicamente por los emprendedores a que hace mención el Título I de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, previamente inscriptos en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE).

También determina que el RICE deberá exportar electrónicamente su base completa de datos a la Inspección General de Justicia de la Nación y a los demás Registros Públicos de cada jurisdicción dentro del plazo máximo de 10 días hábiles administrativos desde la vigencia de la ley.

Lo mismo deberá efectuarse con toda inscripción que se produzca en el RICE en forma sobreviniente, dentro del plazo de dos días hábiles administrativos, de modo que los registros públicos correspondientes puedan efectuar el debido control de legalidad.

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