La iniciativa incluye a las empresas de servicios públicos, entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de medicina prepaga y empresas de privadas de servicios en general.
El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli presentó este miércoles dos proyectos de ley a fin de limitar las tasas de interés por mora que se cobran por atrasos en los pagos, tanto de servicios públicos como de privados.
La idea, que es acompañada por gran parte de los legisladores que integran el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, propone limitar la tasa de interés para que dicha tasa sea, “ni más ni menos, que la tasa pasiva para depósitos a 30 días que establezca el BNA, no pudiendo las empresas establecer un porcentaje superior a la tasa mencionada como sucede hoy en día”.
Además, “tampoco podrán imponer cargos extras a las ya elevadas tasas de interés como cargos de reconexión, gastos administrativos, etc. pues en una sociedad democrática no pueden existir actores que se sustraigan de la legislación vigente presionando e imponiendo tarifas y tasas de interés usurarias con el único fin de ver incrementada sus ganancias al cerrar cada año sus balances”.
La iniciativa impone “el plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día diez”, porque “la gran mayoría de los usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes. Esta situación provocaba que paguen los servicios después del primer vencimiento con el consiguiente recargo por pago fuera de fecha”.
En los proyectos, se indica que deben adecuarse las tarifas mensuales “a un promedio anual”. Son muchas las provincias en las cuales en épocas invernales (o a la inversa en las más calurosas) las temperaturas son muy bajas, lo que provoca indefectiblemente un incremento en el consumo de gas de los usuarios. A efectos de paliar estos desequilibrios las empresas prestadoras deberán adecuar su facturación mensual para que las mismas sean similares durante todo el año sin perjuicio de las oscilaciones en el consumo y sin ningún tipo de recargo y/o interés.
Parrilli argumentó que “la pandemia producida por el Covid-19 profundizó y acentuó el daño provocado por la gestión macrista y sus políticas neoliberales, aumentando los índices de desocupación, pobreza e indigencia”, razón por la cual sostiene que “brindarle a la comunidad todo el acceso a tarifas con precios razonables y servicios de calidad mejoraría sustancialmente la calidad de vida”.
Además, consideró que “el acceso a los servicios públicos como parte del contenido de los derechos humanos se encuentra reconocido de forma directa por la ONU en distintas resoluciones en donde se establece que deben estar al alcance de todos, con un costo razonable, que su acceso no debe limitar la capacidad de pagar por otras necesidades esenciales como alimentación, vivienda y atención a la salud”.
Sin embargo, para el hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner, “las empresas prestatarias de servicios públicos direccionan sus esfuerzos a priorizar la obtención del mayor rédito económico posible a costo de la calidad y la universalización del servicio como derecho humano, provocando serias situaciones de exclusión y marginación económica en el acceso a los servicios esenciales de calidad”.
El ex Secretario General de la Presidencia expuso “los aumentos tarifarios desproporcionados autorizados por la gestión de Juntos por el Cambio en perjuicio de los consumidores, quienes debieron destinar grandes porciones de sus ingresos al pago de los servicios para evitar los cortes, e incluso al financiamiento de las facturas con tasas de interés usurarias y violatorias de la normativa vigente”.
Respecto de ello, describió que “desde comienzos del 2016 con el cambio administración y hasta octubre del 2018, la sociedad argentina sufrió aumentos acumulados promedio de 2057% en gas natural, 1941% en energía eléctrica y de casi el 1000% en el servicio público de agua potable sumado a los incrementos tarifarios de los servicios de telefonía móvil, fija y televisión por cable, todos ellos, indudablemente servicios públicos esenciales”.
El legislador neuquino consideró que “estos incrementos excesivos han generado una imposibilidad absoluta en los usuarios a afrontar sus compromisos, generando una mora inusitada en el cumplimiento de los pagos de los mismos”.
“Es preciso recordar que las empresas privatizadas que brindan un servicio público de enorme trascendencia social, deberán tener presente que su actuación primordial y fundamental se vincula directamente con las finalidades públicas, y muchas veces deberán dejar de lado su pretensión de lucro y beneficio económico cuando se encuentre comprometido el bien común. Por tratarse de empresas en gran medida “publicas” la motivación fundamental de su actuación no puede ser el lucro, sino la satisfacción de necesidades sociales”, sostuvo Parrilli.
En este sentido, denunció que “tomando el valor de la tasa que actualmente se encuentra en el 35%, y según la normativa vigente, las empresas distribuidoras de servicios públicos pueden aplicar una tasa de interés por mora de hasta un 55,5% lo que resulta sumamente abusivo frente a la dañada realidad actual. Más aun considerando que algunas empresas violan la normativa aplicando tasas de hasta el 150% por encima de la tasa pasiva del BNA, así como penalidades del 5% o del 3% diario o mensual impuestos por ciertas empresas monopólicas de telefonía móvil”.
Parrilli aseguró que es deber del Congreso Nacional “diagramar una política legislativa que procure brindar herramientas para crear mejores condiciones y, de ese modo, gestionar soluciones para el conjunto del pueblo argentino”.
