Diputados aprueban leyes para la construcción de cárceles y alcaldías

La Cámara de Diputados que conduce Federico Otermín aprobó y giró al Senado proyectos de ley que reclamaba el gobernador Axel Kicillof.

Los diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaron este jueves proyectos de ley para expropiar inmuebles en distritos del conurbano provincial para la construcción de cárceles o alcaidías.

Todos los proyectos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo, donde se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en los partidos de Lanús, Morón, Ezeiza y Tres de Febrero, con cargo a la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.

Se entiende que, en el marco de la actual emergencia, sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria, en razón de la sobrepoblación existente en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de la libertad.

Se trata de una problemática estructural que desde hace tiempo azota a la provincia, e incide directamente en las condiciones de detención dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en alcaidías departamentales, como así también, en comisarías.

De todas formas, en los fundamentos de los proyectos de ley de expropiación, se hace referencia a un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad entre los años 2016 a 2019.

Según las estadísticas oficiales se pasó de 35 mil encarcelados, con una tasa de prisionalización de 240 por cada 100 mil en 2015; llegando a finales de 2019 a una tasa de 308 cada 100 mil habitantes y 49 mil presos.

Pues como resulta obvio, estas circunstancias elevo sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema penitenciario provincial.

La aprobación sobre tablas de estas iniciativas del Poder Ejecutivo avanzó con el acuerdo de las bancadas mayoritarias, pero, además, con visto bueno de los poderes locales de los distritos donde se radicarán los establecimientos penitenciarios.

No fue tratado, pero se aprobó el ingreso fuera de hora y se remitió a comisión, otro proyecto de ley del Ejecutivo donde se propone incorporar una modificación a la ley 14806, de emergencia en Seguridad y en Salud Penitenciaria, tendiente a agilizar los procedimientos licitatorios de obras necesarias para paliar el déficit de plazas en las unidades penitenciarias y alcaidías.

Por otra parte, los diputados bonaerenses dieron la puntada final y sancionaron un proyecto de ley en revisión, declarando el día 26 de agosto de cada año el “día provincial del vacunador y vacunadora”.

Por último, entre otros temas diversos donde sobresalieron las minutas legislativas declarando personalidades destacadas y ciudadanos ilustres, se aprobó y remitió al Senado un proyecto de la diputada Verónica Barbieri modificando el artículo 9° de la Ley 14581, promoviendo la creación de los organismos de representación estudiantil bajo la forma de centro de estudiantes en instituciones educativas.

El debate, sin embargo, se desplegó cuando se consideraron los proyectos solicitados para ser tratados y no consiguieron el consenso necesario.

En esas circunstancias quedaron los proyectos, entre otros, que desde Juntos por el Cambio empujaron para declarar la emergencia en el sector gastronómico, solicitando la compra de vacunas contra el Covid-19 producida por la empresa Pfizer-Biontech por ser la única aprobada para inocular a los menores de 18 años.

Tampoco pudo ser considerada en el recinto una solicitud de informe sobre distintos aspectos relacionados con las políticas públicas para identificar y acompañar a estudiantes en riesgo de abandono escolar.

La bancada rotativa del FIT no pudo poner en consideración del plenario de diputados una declación de repudio “a la represión desatada por la Prefectura Naval Argentina, el viernes 11 de junio pasado en el Puente Pueyrredón, ubicado en la localidad de Avellaneda”.

También fue motivo de desencuentros dos proyectos que versaban sobre diferentes cuestiones relacionadas con las licitaciones para la construcción de “casas de la provincia de Buenos Aires”, en los municipios que integran el territorio bonaerense.

El oficialismo, por su parte, se quedó con las ganas de aprobar una declaración de repudio “ante los dichos del diputado provincial Luciano Bugallo que justifican y avalan el trabajo infantil”.

Al igual que con aquel que declaraba la “preocupación por la continua precarización y virtual privatización de la oficina de mandamientos y notificaciones de la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires”.  Aunque, en este caso, quien sabe se la diputada Susana González tenía el acompañamiento de su propio bloque, el de la alianza FdT.

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