Tras un tenso debate, Vamos Juntos (VJ) y sus aliados bloquearon –con 34 votos a favor, 18 en contra y una abstención- un pedido del Frente de Todos (FdT) para realizar un juicio político político contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia: Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano, en relación un fallo por vacantes.

La medida, que ya había sido analizada previamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales –presidida por Hernán Reyes (VJ)-, se archivó dado a que recibió el acompañamiento de los diputados de Vamos Juntos, UCR-Evolución, GEN y PS; en tanto el FdT y FIT la votaron en contra y AyL se abstuvo.

Al momento de presentar la iniciativa, el FdT había advertido que el fallo del TSJ “ignoraba” lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 24 indica que el distrito “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.

Por lo que aseguraron que el fallo en cuestión “provoca una limitación del ejercicio del derecho de niñas y niños siendo una grave vulneración que responde a una visión subsidiaria del Estado, la cual intenta relativizar derechos a favor de la educación privada y del desmantelamiento del Estado”.

Mientras que desde el oficialismo aseveraron que “el presente proyecto no se corresponde con una modificación de las normas que dichos jueces y juezas aplicaron al momento de dictar sentencia o una declaración de este cuerpo respecto de dicha posición doctrinaria, sino a dar inicio al procedimiento de juicio político previsto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en los Artículos 92, 93 y 94”.

El debate en el recinto

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), advirtió que “la mayoría de la Comisión debatió este proyecto, evaluamos que hay que archivarlo” e indicó que “no vamos a hacer una evaluación de las causas que podrían ser de mal desempeño, esto debería hacerlo la Cámara Acusatoria; tampoco debemos evaluar aquí acerca de la infraestructura escolar…”.

“La figura del juicio político por mal desempeño tiene que tener una conducta que pueda ser valorada por esta Legislatura, la verdad que acá lo único que hay reprochable es una interpretación doctrinaria… puede haber lecturas disimiles pero no se puede decir que producto de esta posición doctrinaria del Tribunal, pero no por eso tenemos que destituir a cuatro de los cinco miembros”, indicó y remarcó que “hay una línea vertical en el FdT: los jueces se alinean con su ideología partidaria o serán removidos de su cargo”.

Mientras que la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), señaló que “esto es para iniciar un proceso de investigación para ver si hay o no un mal desempeño, no es nuestra función juzgar. El Tribunal hizo lugar a un recurso inconstitucional ante el pedido de una madre que pedía que se le garantice una vacante en el nivel inicial para su hijo de dos años” y destacó que “la Constitución porteña dice que la obligatoriedad de garantizar las vacantes está desde los 45 días y este fallo va en contra del derecho a la educación”.

A la vez que la diputada del FIT Mercedes De Mendieta le advirtió al oficialismo que “podrán archivar el pedido de juicio político pero no nuestro rechazo a este nefasto fallo contra todos los niños de la Ciudad de Buenos Aires. Son miles las familias que, desesperadas, buscan una vacante en el sistema público y se les niega; quedan en una situación muy compleja: o pagan una escuela privada o los niños quedan desescolarizados”.

Mientras que el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) aseveró que “el artículo 92 establece las causales para llegar a un juicio político, aquí es donde cabe que nos preguntemos si la decisión de los jueces puede ser tomado como un delito o un mal desempeño” y recordó que “los jueces no pueden ser juzgados por los contenidos de sus decisiones, esto es para evitar presiones por partidos políticos o Gobiernos”.

A su turno, el legislador del GEN Sergio Abrevaya opinó que “este proyecto directamente no debía haberse tratado, más allá que yo no estoy de acuerdo con la sentencia y coincido con algunas de las expresiones que aquí se han vertido. Creo que la vacante debería garantizarla el Estado, pero la sentencia está basada en el derecho”.