Más trabas contra el crecimiento

Por Juan Francisco Nosiglia. El legislador de la UCR-Evolución analizó los cambios a la Ley de las Sociedades Anónimas Simplificadas y consideró que “estas decisiones lejos de generar mejores condiciones para el crecimiento generan más trabas”.

En junio de 2020, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley del oficialismo que introdujo sustanciales modificaciones en relación con el funcionamiento e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). De aprobarse dicho proyecto en la Cámara de Diputados, estaríamos restringiendo las posibilidades de crecimiento dificultando la creación de nuevas empresas, indispensables para la generación de empleo. Porque estaríamos atentando contra los beneficios que esta figura ofrece: la simplicidad y la transparencia; e imponiendo más trabas y mayores costos para todos aquellos que quieran llevar adelante proyectos productivos que hacen al desarrollo del País.

Las SAS fueron creadas hace apenas 3 años a través de la Ley de apoyo al Capital Emprendedor, con el objetivo de agilizar el proceso de constitución de sociedades. Dentro de los beneficios se destacan la disminución del capital social necesario -llevándolo a 2 salarios mínimos vitales y móviles-, la digitalización del proceso de inscripción de la sociedad y gestión de trámites, el plazo de 24hs. para su constitución y la creación de un estatuto modelo con cláusulas estándar. Todo esto – sumado a los costos de trámites considerablemente inferiores respecto de las SA o las SRL-, ha fomentado y facilitado considerablemente su constitución, transformándose en el tipo societario más elegido y atractivo para los emprendedores argentinos.

Según datos de ASEA (Asociación Argentina de Emprendedores) son 40.000 las SAS constituidas desde 2017 a la fecha, siendo el formato más elegido por las nuevas pymes durante 2019 y 2020. De las pymes constituidas en este período, el 50% lo hizo bajo la figura de SAS.

Actualmente, y a través del proyecto de ley del Senador Oscar Parrilli se busca ejercer un mayor control sobre las SAS, introduciendo distintas medidas que solamente imponen mayores trabas y costos para su constitución y funcionamiento. En primer lugar, porque es falso que sea necesario hacer un control excluyente sobre estas sociedades antes de su conformación, porque el control puede ser concomitante e igual de efectivo. En segundo plano, de aprobarse el proyecto, las SAS únicamente podrán ser constituidas por emprendedores que previamente se encuentren inscriptos en un Registro Especial.

También se suspende por 180 días la gestión documental electrónica (GDE) impidiendo durante ese lapso la constitución de nuevas SAS y la gestión de otros trámites debiendo gestionarse únicamente a través de un soporte papel. A eso hay que sumarle la sanción de nulidad que se establece en caso de que no se cumpla con su inscripción en el registro especial.

En lugar de intentar mejorar un modelo societario que en la práctica ha funcionado muy bien por sus altos niveles de simplicidad y eficiencia, el oficialismo impulsa medidas que tendrán como resultado desincentivar las SAS y así la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo.

Este debate se da en el contexto de la reciente modificación de la Ley del Impuesto a las Ganancias para empresas, ya aprobada por el Congreso, que significó un aumento en la presión tributaria sobre todo el aparato productivo en un contexto de enorme caída del PBI, de bajísima inversión, crecimiento exponencial de la pobreza y aumento de la inflación, como bien describió el Senador Martín Lousteau.


Países que graban las ganancias con altos impuestos lo hacen más sobre las personas que sobre las empresas, pero la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde estas últimas tributan más. Además, el proyecto introduce mayores distorsiones (en un sistema donde ya hay una gran superposición de tributos) y una de ellas es que grava más a las empresas que reinvierten utilidades por sobre las que no lo hacen.

La economía argentina cayó 10 puntos en 2020, y arrastra 10 años de estancamiento. Estas decisiones lejos de generar mejores condiciones para el crecimiento generan más trabas, más restricciones a la inversión, y particularmente a la creación de nuevas pymes, que representan el sector más dinámico de nuestra economía y el que más empleos genera.

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