Por Melisa Jofré

En menos de dos años de gestión, el presidente Alberto Fernández está a punto de llegar a los 100 Decretos de Necesidad y Urgencia firmados. Es cierto que, como le gusta repetir al oficialismo, la gran parte de ese tiempo estuvo y sigue estando atravesado por la pandemia de coronavirus. Como también guarda verdad el reclamo constante de la oposición sobre el funcionamiento pleno del Parlamento, lo cual no impide recurrir al trámite normal de las leyes.

De acuerdo a un informe realizado por parlamentario.com, hasta el viernes 18 de junio, el Poder Ejecutivo emitió 98 DNU’s*, de los cuales 67 están relacionados directa o indirectamente con la emergencia sanitaria por el Covid.

Del total de decretos de este tipo, 46 fueron tratados por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, que se encarga de analizar la validez o invalidez de los mismos. Por supuesto, con mayoría en esa comisión, el Frente de Todos ha blindado todas y cada una de las normas que emitió Fernández. Y gracias a la mayoría que tiene en el Senado, los decretos fueron ratificados posteriormente en el recinto.

A los cuestionamientos de Juntos por el Cambio sobre el no debate de algunos DNU’s, se suma la situación de los decretos de facultades delegadas, que también deben abordarse en la bicameral. Por ejemplo, algunos que sí se debatieron fueron los que dispusieron la intervención del ENARGAS y el ENRE.

Pero aquí haremos un repaso exclusivo por los DNU’s, herramienta prevista en el artículo 99 de la Constitución Nacional ante circunstancias excepcionales.

Los DNU’s de la pandemia

Y si se habla de excepciones, es cierto que la pandemia que puso al mundo “patas para arriba” ameritó medidas de ese tipo. Fue de esa manera que en marzo del año pasado, el Gobierno nacional comenzó a emitir una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia para actuar ante la nueva emergencia. Sin embargo, lo que enfatizan los detractores del oficialismo es que ese argumento ya resulta inválido e insuficiente para justificar el uso de estas normas a más de un año de la llegada del Covid al país.

En un repaso por los DNU’s de Alberto Fernández, el que inició la declaración de la emergencia sanitaria fue el número 260/20. A partir de allí se sucedieron muchos más que, con similitudes o variantes en sus contenidos, se trataron de prorrogar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -y más tarde se sumaría el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio-; extender el cierre de fronteras y la prohibición de ingreso de extranjeros al país; o prolongar en varias ocasiones la prohibición de despidos y suspensiones.

También hubo DNU’s para establecer la suspensión de corte en caso de mora o falta de pago de los servicios públicos; congelar los alquileres en virtud de la emergencia pública; y crear el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); entre tantos otros.

Algunos DNU’s polémicos

Hace un año atrás, exactamente, la agenda estaba marcada por la polémica decisión del Gobierno de intervenir, vía DNU (522/20), la empresa Vicentin. El anuncio provocó una ola de críticas y un fuerte rechazo de la oposición y varios sectores de la sociedad, que incluyeron “banderazos” en todo el país.

Aunque se pensó, luego de emitido el decreto, en tratar un proyecto de ley de expropiación en el Congreso, finalmente el 31 de julio, mediante otro DNU (636/20), el Poder Ejecutivo derogó esa norma. Ese último fue declarado válido por el oficialismo en la comisión que revisa los DNU’s.

Otro DNU cuestionado, pero que es uno de los que nunca fue debatido por la bicameral, es el 138/21 mediante el cual el Gobierno derogó el DNU 70/17 del expresidente Mauricio Macri, por el cual se habían modificado varios artículos de la Ley de Migraciones y, entre los puntos principales, se prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales. La medida generó también el cuestionamiento de Juntos por el Cambio, y la presentación de proyectos por parte de legisladores de este espacio para reinstalar la normativa anterior.

El DNU 690/20 no tuvo discusión en el Congreso, pero sí el Ejecutivo sufrió un revés judicial. Se trata del decreto mediante el cual en agosto del año pasado se declaró “servicio público” a las telecomunicaciones. A partir de un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, de mayo de este año, se hizo lugar a una medida cautelar en favor de la empresa Telecom y se suspendió la norma.

Los primeros y los últimos

Ni bien sumió su Gobierno, y hasta el 31 de diciembre de 2019, Alberto Fernández emitió cinco DNU: de modificación Ley de Ministerios -habitual en todo recambio presidencial-; la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días y doble indemnización en caso de despido sin justa causa; la postergación de los pagos de las letras del Tesoro (LETE) por 9.000 millones de dólares hasta agosto de 2020; la intervención por 180 días de la Agencia Federal de Inteligencia; y la extensión por tiempo indeterminado de la obligación de liquidar divisas que provengan de las exportaciones en el mercado de cambio.

En tanto, en lo que va del mes de junio de 2021, los últimos tres DNU son el 381/21, que prorroga hasta el 25 de junio las medidas adicionales de prevención destinadas a mitigar la transmisión del Covid; el 388/21, que aprueba disposiciones sobre el Control Policial Civil y Externo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y el 389/21, sobre otorgamiento de avales del Tesoro Nacional para la adquisición de Gas Natural desde Bolivia.

Ley de “Emergencia Covid” para no tener más DNU’s

“Hemos dado en Diputados dictamen a la ley de semáforo epidemiológico, esta ley ya está lista para que pueda ser tratada en algún momento en sesión, viene con media sanción del Senado, y por lo tanto se transformaría en ley. Y nos evitaría la necesidad de tener que sostener Decretos de Necesidad y Urgencia de manera quincenal. Pedido, por otro lado, que de alguna manera fue escuchado desde esta comisión bicameral, dado que la oposición varias veces nos planteó la necesidad de generar un marco legal”, lanzó en la última reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo el diputado oficialista Pablo Yedlin.

Lo dijo en alusión al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros sanitarios y epidemiológicos”, que desde Juntos por el Cambio calificaron como “ley superpoderes” por estar en contra de la letra de la iniciativa y asegurar que avasalla las autonomías provinciales, al no tener en cuenta el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires.

Porque si de DNU’s polémicos se trata, el 241/21 de abril pasado, que dispuso la suspensión de clases presenciales en el AMBA, fue judicializado por el gobierno porteño, a quien el máximo tribunal le dio razón. Desde ese momento, el espacio que conforman el Pro, la UCR y la CC-ARI se planta con más fuerza en su postura en contra de todos los decretos.

Y lo dejó claro el radical Gustavo Menna también en el último encuentro: “A esta situación se llega por decisión política del presidente de la Nación, no se lo achaquen a la oposición, son mayoría, tienen responsabilidad. Para salir del camino de los DNU’s tenemos ahora esta ley que envió el Gobierno, que en el artículo 4 le dice al presidente ‘haga usted lo que le parece y lo que quiera'”.

“Lo cierto es que discrepamos con esta ley, es nuestra postura. Pero no se trató porque ustedes no la han tratado, no la incorporaron ustedes al temario de Diputados. No es responsabilidad de la oposición si quieren tratarlo”, agregó el chubutense. Aunque el problema que tiene el oficialismo en la Cámara baja por los números, dado que hay otros bloques de la oposición que también están en contra de ese proyecto y, su demora en sancionarse, generó más DNU’s por parte del presidente.

El último decreto de Fernández vence el 25 de junio, habrá que ver entonces si el Frente de Todos logra la “hazaña” en la Cámara de Diputados o si el presidente irá por el DNU 99, a uno de los 100.

*Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.