Desde la oposición presentaron un proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en el ámbito oficial y educativo
El diputado Jorge Enríquez encabezó una iniciativa en contra del lenguaje no sexista. Alegó que “deforma la lengua”.

El diputado nacional Jorge Enríquez junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y actos y establecimientos educativos. El legislador porteño tildó a la práctica de “deformar la lengua” y llamó a atenerse a las reglas de la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras.
Enríquez opinó que el lenguaje inclusivo “deforma la lengua oficial de la Argentina, que es el castellano, y que si bien todo idioma evoluciona con el tiempo, la pretensión de imponer de manera artificial y prepotente esa jerga sólo tiende a confundir a la mayoría de los habitantes”.
“En todo caso, como el lenguaje es una convención, corresponde atenerse a las entidades especializadas que fijan los usos correctos del castellano en general y de sus modalidades en nuestro país, que son la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras“, consideró el diputado de la oposición.
Por último, agregó: “Cada persona puede hablar como quiera en ejercicio de su libertad de expresión, pero el uso oficial del idioma no puede estar sujeto a modas efímeras que, además, quieren ser un instrumento para distribuir discrecionalmente la pauta publicitaria y condicionar así la línea editorial de los medios de comunicación”.
En estos días ya se había gestado una iniciativa similar de la mano de las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi, que presentaron un proyecto para prohibir el uso del lenguaje incluso en los tres órganos del Estado. Argumentaron que su uso “implica redundancias de los vocablos que debilitan su valor jurídico y social”.
Sin embargo, el lenguaje inclusivo gana cada vez más espacio en la esfera oficial. Por ejemplo, la Ley de Equidad de Género en los Medios de Comunicación, reciente sanción, fija, entre las múltiples funciones de la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, el impulso al uso del lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos.