Una vez más, el oficialismo en la Bicameral de Trámite Legislativo avaló Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por Alberto Fernández, en relación a la pandemia. En tanto, los integrantes de Juntos por el Cambio los rechazaron y cuestionaron el uso de esta herramienta por parte del Ejecutivo.

Con mayoría en la comisión, el Frente de Todos se alzó con los dictámenes de mayoría a favor de la validez del DNU 167/21, que extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, y el 411/21, por el cual se prorrogaron las medidas restrictivas hasta el próximo 9 de julio.

Como pasó en encuentros anteriores, el encargado de abrir el debate fue el diputado Pablo Yedlin (FdT), quien sostenido en gráficos se refirió a la actual situación sanitaria. "En las provincias la situación es todavía bastante roja", señaló y remarcó que "las tasas están en descenso, aunque no hemos llegado a salir de situaciones de riesgo".

"Entre la vacunación y las restricciones, a pesar de la llegada del invierno, se muestra una mejora importante de esta segunda ola, que fue mucho más alta que la primera y el rebrote de fin de año (2020)", sostuvo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja.

Y añadió que "en todos los países la segunda ola fue de más casos; lo que permite la vacuna es que la letalidad sea peor". A continuación, el tucumano insistió que la Ciudad de Buenos Aires "sigue siendo la de mayor mortalidad", aunque aclaró que es el distrito que tiene a un 16% de la población mayor a 60 años.

Desde la oposición, el diputado Pablo Tonelli (Pro) recordó: “Según mi cuenta son 103 los decretos que esta comisión no ha tratado y no ha dictaminado, es decir que estamos bastante demorados en el cumplimiento de nuestra misión respecto de los decretos dictados por el presidente”.

Al referirse a la situación sanitaria, el porteño acotó que “no hay que perder de vista que la actuación del Estado debe producirse en el marco de la ley, en el marco de la Constitución”. Luego, enfatizó: “El fin no justifica los medios”, o, en este caso “la emergencia no justifica dejar de lado la Constitución”.

“Ninguno de los dos decretos en tratamiento, ni el 167 ni el 411, se adecúan a las reglas y a los requisitos que establece nuestra Constitución Nacional”, opinó el macrista, que además argumentó que ambos DNU implican una “extrema limitación de derechos”, situación que sólo era justificable en marzo 2020 cuando la pandemia sorprendió a la Argentina.

Respecto al decreto 411 en particular, denunció la violación de la autonomía de las provincias. “No puede el presidente de la Nación, bajo ninguna circunstancia, atribuirse facultades que son de las provincias”, reiteró.

Después fue el turno de la senadora Teresa González (Frente de Todos), quien defendió que las medidas a prorrogar “tienen efectos favorables, descendiendo los casos en la mayoría de las jurisdicciones y dando cierto alivio, sobre todo al sistema de salud de estas provincias y por ello también al denominado semáforo que se instauró en las mismas”.

“Las medidas tomadas fueron y son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta y aún persiste en nuestro país, aún más cuando se adoptan en forma temporaria, como lo vamos realizando”, añadió la formoseña.

Nuevamente desde Juntos por el Cambio, el diputado Gustavo Menna (UCR) habló de una "grave la incursión del Poder Ejecutivo" en las facultades legislativas, y subrayó que "el presidente no puede dictar decisiones de carácter legislativo". "Se ha dictado una catarata de decretos, no solo de DNU's, sino también de los delegados y de promulgación parcial de leyes", mencionó y lamentó que "no están suficientemente fiscalizados por esta comisión".

"El presidente está pasando a la historia como el presidente de los DNU's", dijo el chubutense, que aclaró que la pandemia es una situación que "ha dejado de ser excepcional, el Congreso está en funcionamiento pleno". Y consideró además que, a su entender, hay una nueva clase de decretos "los autodelegados" que son "una categoría nueva contraria a la Constitución".

Muy duro, siguió el diputado Luis Petri (UCR), que además se cruzó fuerte con el presidente de la bicameral, el santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos). El radical calificó de inconstitucionales los decretos y manifestó que estas medidas se podían "validar" al comienzo de la pandemia, pero "a más de un año y medio de la llegada del virus, con un Congreso plenamente funcionando", no.

"Ha sido desastrosa la gestión de la pandemia", se quejó, y cuestionó que el año pasado "sometieron a los argentinos a una cuarentena eterna", al tiempo que "no ha habido éxito en la vacunación". Entre sus críticas, acusó al Gobierno de "impericia, incapacidad, negligencia".

Finalmente, cerró la reunión el senador Daniel Lovera (Frente de Todos), que argumentó que el DNU contempla "una mirada que es federal" y "permite establecer un marco de previsibilidad y razonabilidad de las medidas aplicadas con criterios objetivos".

"No se puede fragmentar la gestión de la pandemia. Hasta tanto la Cámara de Diputados sancione la ley, es necesario que acompañemos la estrategia nacional", aseguró y llamó a las medidas como "oportunas, razonables y sectorizadas según el territorio".

El pampeano ponderó que "tenemos un Gobierno que prioriza la vida y la salud" y que ha destinado "importantes recursos para atender la emergencia", además de estar llevando "un plan de vacunación en las 24 jurisdicciones".

"No son tiempos de mezquindades políticas. Entre las palabras que se escuchan, lo único que dejan en evidencia es la utilización de la pandemia solo con intenciones políticas, no les importa la situación epidemiológica de Argentina", aseveró.

Tratarán un paquete de decretos el próximo lunes

En el comienzo de la reunión, Cleri anunció que el próximo lunes la bicameral tratará varios de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, "decretos muy importantes, de facultades delegadas y DNU's que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y cumplimiento de las obligaciones del mismo para con organismos multilaterales, y también con su rol en un modelo de desarrollo pensando poner a la Argentina de pie", definió.

Pero en referencia al encuentro de este miércoles, el diputado Omar De Marchi (Pro) cuestionó que fueron "citados en 24 horas" cuando "el reglamento es muy claro, habla de 48 horas al menos, y ya ni siquiera discutimos si son hábiles o corridas". Entonces, pidió tener "un mínimo nivel de formalidad". "¿Cuál es la salida que nos queda a nosotros? ¿Judicializar? Es una enormidad judicializar por un tema menor", agregó.

Cleri aseguró que la convocatoria fue parte de un acuerdo del vicepresidente, el senador Luis Naidenoff (UCR). Sin embargo, la senadora Silvia Giacoppo (UCR) dijo que "el acuerdo es para dictaminar en forma remota, pero no tengo entendido que sea para convocar en forma remota".