La Cámara alta sancionó cuatro proyectos de ley que declararon de utilidad pública lotes destinado a la construcción de unidades carcelarias.
El Senado de la provincia de Buenos Aires, que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, sancionó una serie de proyectos enviados por el gobierno de Axel Kicillof para expropiar terrenos y avanzar en la construcción de unidades carcelarias en territorio bonaerense.
Así, el Senado bonaerense sancionó cuatro leyes reclamadas para la construcción de cárceles y alcaidías en los municipios de Morón, Lanús, Tres de Febrero y Ezeiza.
Los proyectos tuvieron un tratamiento sin sobresaltos en la legislatura, donde el oficialismo, el Frente de Todos, y la principal fuerza de oposición, Juntos por el Cambio, acordaron avanzan en los cuatro proyectos al mismo tiempo.
Se entiende que, en el marco de la actual emergencia, sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria, en razón de la sobrepoblación existente en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de la libertad.
Se trata de una problemática estructural que desde hace tiempo azota a la provincia, e incide directamente en las condiciones de detención dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en alcaidías departamentales, como así también, en comisarías.
Además, en los fundamentos de los proyectos de ley de expropiación, se hace referencia a un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad entre los años 2016 a 2019.
Según las estadísticas oficiales se pasó de 35 mil encarcelados, con una tasa de prisionalización de 240 por cada 100 mil en 2015; llegando a finales de 2019 a una tasa de 308 cada 100 mil habitantes y 49 mil presos.
“En la actualidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la sobrepoblación más alta de su historia, cuyo registro se ubica por encima del 100%, de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales existentes”, según se consigna en los fundamentos de la mencionada normativa.
Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la decisión de que las cárceles se concentren en el conurbano, en un corredor entre la General Paz y Ruta 6, responde a que cerca del 70% de los detenidos son residentes de esa región.
