La Cámara baja trata la iniciativa impulsada por el oficialismo, que cuenta con los votos para darle media sanción. Fuerte rechazo de Juntos por el Cambio, que igualmente tendrá legisladores que votarán a favor.
La Cámara de Diputados arrancó a las 17.45 de este jueves el debate de la nueva ley de biocombustibles, impulsada por el Frente de Todos, que buscará darle media sanción y girarla al Senado. La lista de oradores es extensa y la votación se prevé cerca de la medianoche.
Entre los principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y se fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-.
Miembro informante del oficialismo, abrió el debate el mendocino Omar Félix, que afirmó que el proyecto se elaboró “teniendo en cuenta la protección y cuidado del medioambiente”, al tiempo que busca “dar previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica” al sector.
El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles argumentó que desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006 “el escenario ha variado” y en la actualidad “conviven grandes empresas junto a PyMEs” en “provincias con realidades diferentes”.
Por ello, el diputado del Frente de Todos defendió que se establezca “un marco legal que contemple las diversidades, permita que la actividad sea constante, procure la rentabilidad del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como a los mercados financieros”.
En defensa del rol de la Secretaría de Energía, que asume varias facultades, Félix sostuvo que es necesario “que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que se eviten futuras posiciones dominantes”.
Además, el legislador subrayó que el corte obligatorio para el biodiésel “se conserva el mismo porcentaje” del 5%, previsto en la actual ley, y “en el caso del bioetanol es del 12%” distribuido en 6% para la caña de azúcar y en otro 6% para el maíz. Mientras que la Secretaría de Energía -hoy a cargo de Darío Martínez- intervendrá “excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos” y las reducciones de los porcentajes serán “temporarias”, señaló.
Muy dura, la radical Jimena Latorre aseveró que el proyecto es de “cortoplacismo y mediocridad” y “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó la mendocina, que agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.
Para la diputada de Juntos por el Cambio esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”. También, negó que haya habido consenso con la industria y rechazó las funciones que tendrá la autoridad de aplicación, “que es de las que le gustan al oficialismo, con superpoderes”, cuestionó.
La legisladora advirtió que será el Estado el que decida “quién contrata, a qué precio, por qué cupo, y cierra las posibilidades a la inversión”. “Es una ley que fomenta la corrupción”, opinó.
Desde Córdoba, el oficialista Eduardo Fernández expresó que se trata de “una muy buena ley” que “sí otorga estabilidad fiscal, incentivos impositivos” y el “acompañamiento del Estado al desarrollo del sector”.
El diputado se refirió a los argumentos de sus comprovincianos de otros bloques que se oponen, “y nos dicen que si no legislamos como piden dos o tres empresas vendrán todos los males del mundo”. “Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, añadió y rechazó “echarle la culpa a este proyecto de ser anticordobés”.
En contra del proyecto, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez subrayó que esta iniciativa “significa resquebrajar el sistema de producción de biocombustibles en Argentina, donde paradójicamente la ley divide lo que no estaba dividido ni en la realidad, ni en el Senado. Este proyecto es el que rivaliza regionalmente y artificialmente, incentiva la división y la competencia entre regiones”.
“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.
Además, lamentó el “silencio” del gobierno bonaerense y acusó que el gobernador Axel Kicillof y su equipo productivo “han decidido hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera”, porque es en Buenos Aires donde “se refina, se procesa y se comercializa un importante volumen del petróleo que se genera en el país”.
Representante de una provincia petrolera, la neuquina Alma Sapag reconoció el “aporte del biodiésel y el bioetanol”, pero enfatizó que “la realidad es dinámica” y “la aparición en el horizonte productivo con la creación de Vaca Muerta” trajo un incremento en la producción de “reservas hidrocarburíferas en Argentina”.
“El cambio a fuentes de energía renovables y limpias será gradual”, observó y agregó que, según expertos, “los combustibles fósiles necesariamente nos acompañarán algunas décadas por delante”. En ese sentido, salió al cruce de los argumentos ambientales: “Argentina sólo representa el 0,5% de las emisiones totales de carbono”. La legisladora del Movimiento Popular Neuquino sumó que “nos debemos hacia el futuro un encuentro de todos los sectores”.
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