Se aprobó un proyecto relacionado a la salud reproductiva de las personas con discapacidad

La iniciativa establece una modificación a la Ley de Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, de modo que todas las personas puedan decidir si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía.

La Cámara de Diputados dio media sanción por 237 votos a favor, 1 en contra y una abstención, y giró al Senado un proyecto que busca que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su capacidad reproductiva, en relación a la anticoncepción quirúrgica.

A pesar de lo que se esperaba, la votación no fue por una unanimidad ya que el diputado santafesino Esteban Bogdanich (Frente de Todos) votó en contra mientras que el legislador neuquino Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) se abstuvo.

La iniciativa se trata de una modificación a la Ley 26.130, sancionada en 2006, que estableció el derecho al acceso a las prácticas quirúrgicas denominadas “ligadura de trompas de falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios de sistema de salud.

El debate

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT) sostuvo que “el objetivo de esta ley tiene que ver con aquellas personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad”.

A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) dijo que “este proyecto es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia”, apuntó.

Luego, la diputada bonaerense Silvia Lospennato (JxC) manifestó: “Esta reforma a la ley de contracepción quirúrgica es necesaria, es justa, es una deuda con los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, que hoy empezamos a resolver”.

En tanto, la legisladora mendocina Claudia Najul (JxC) afirmó que “la ley perpetua una discriminación histórica, la voluntad está absolutamente reemplazada por representantes legales o por una autorización de un juez, el plan de vida y proyectos quedan en manos de otra persona”.

Por su parte, la diputada cordobesa Leonor Martínez (JxC) señaló: “Buscamos modificar estos artículos para ordenar el sistema jurídico interno con la Convención de DD.HH de las Personas con Discapacidad, brindándoles la libertad y autonomía para decidir”.

Asimismo, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos somos Río Negro) consideró que “las personas tienen derecho a acceder a la información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, que sean ellas quienes puedan decidir sobre su sexualidad”.

En la misma línea, la diputada sanjuanina Graciela Caselles (FdT) este proyecto “es un acto de inclusión, de libertad y autonomía para las personas con discapacidad. Poner en agenda los temas de discapacidad y dar respuestas, es el camino para consolidar la Argentina inclusiva que todos y todas queremos”, cerró.

Actualmente, dicha norma establece que “cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquélla”.

A través del proyecto aprobado, la nueva redacción de la ley indicará que “todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas”.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones”, agrega el nuevo artículo 3.

También, señala que “si se tratara de persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento”.

“Si la sentencia de restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto en la presente ley, el consentimiento informado debe ser prestado por la persona con discapacidad con la asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial”, completa el texto del proyecto que ahora deberá ser analizado por la Cámara alta.

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