Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó este viernes y giró al Senado un proyecto de ley que no tuvo un extenso debate ya que se votó por unanimidad con 246 votos a favor.

Se trata de un iniciativa de ley impulsado por la legisladora María Lujan Rey (Juntos por el Cambio) con el objetivo de determina los plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.

En el inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos), consideró que este proyecto de ley “es importante” porque “en la actualidad hiciste una laguna que hace que muchas causas penales que son investigadas tardan mucho en resolverse y una justicia que tarda, no es justicia”.

Luego, la diputada bonaerense Rey señaló que “este proyecto nos cruza a los argentinos por igual. Este proyecto nace de la propia experiencia personal cuando tuve que empezar un proceso penal”.

“Esos tiempos, donde duermen las causas en Casación, hace que la causa desnaturaliza el acceso a la justicia porque la justicia lenta no es justicia”, insistió Rey, quien es madre de una víctima de la tragedia de Cromañón y remató: “Es necesario que los plazos existan para que haya justicia”.

De acuerdo al texto, se incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Asimismo, el proyecto indica que “la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”.

“Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave”, sostiene, y agrega que “también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.