La decisión del Gobierno de Formosa de restringir el derecho la libre circulación mediante el uso del transporte público interurbano de pasajeros aéreo y terrestre en la provincia, está siendo revisada por la Justicia Federal a raíz de una acción de amparo presentada por diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por Ricardo Buryaile, junto a comerciantes de Formosa, amparados en los derechos de todos los ciudadanos afectados por estas restricciones.

“De manera arbitraria, discrecional y sin certeza alguna, las decisiones del gobierno cercenan el derecho de todos los habitantes de la Nación y en particular de los formoseños, conculcando con lo establecido por la Constitución Nacional”, destacó Buryaille.

Las restricciones datan desde el 18 de marzo de 2020 por resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, en el marco de las políticas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia. En julio se cumplirán 16 meses de la suspensión del transporte, mientras que en el resto de las provincias del país se encuentra habilitado y funcionando hace más de 9 meses.

“El servicio de transporte público interurbano es una actividad esencial para el traslado de personas a costos razonables”, afirmó Buryaile y explicó que quienes necesitan trasladarse dentro o fuera de Formosa por motivos de estudio, trabajo, salud o para circular libremente, deben hacerlo pagando altísimos costos de taxis o remises que los llevan hasta el límite interprovincial y de allí hasta el aeropuerto o terminal de ómnibus más cercana.

La situación afecta el desarrollo personal y socioeconómico de la comunidad. Así, “la acción de amparo interpuesta busca que se garantice el pleno ejercicio del derecho a circular libremente por el territorio, y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos”, concluyó Buryaile.