Juntos por el Cambio marcó diferencias en la iniciativa de ley oficialista y pidió 48 horas para firmar dictamen. El Frente de Todos lo pasó a la firma con el compromiso de “seguir analizando punto por punto” para “lograr consensos en todos los artículos” del texto. La idea es que llegue al recinto de la Cámara baja con un amplio acuerdo.
Un proyecto de ley que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle no obtuvo el visto bueno del plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja y quedó en suspenso por 48 horas mientras el oficialismo y la oposición logran consensuar algunos puntos en conflicto.
Al finalizar el plenario, el dictamen de mayoría del diputado del Frente de Todos Federico Fagioli, que también debe llevar el visto bueno de la Comisión de Presupuesto, pasó a la firma con el apoyo del FdT y algunos aliados, pero esperará el tiempo reglamentario de 48 horas para sumar las firmas de JxC.
Tras el debate de casi dos horas, la diputada porteña Carmen Polledo de Juntos por el Cambio fijó la postura crítica de ese interbloque al proyecto y adelantó que “si no se logran consensuar -en estas 48 horas- esos puntos del articulado y se modifican, Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio con estas correcciones”.
Al cierre de la reunión, Federico Fagioli, el diputado oficialista autor del proyecto, manifestó: “Seguiremos trabajando fuertemente para lograr el mejor texto posible, con el mayor de los acompañamientos para dar una respuesta integral a muchas personas que están sufriendo en las calles”.
En ese sentido, Polledo consideró que “Hay voluntad entre el oficialismo y nosotros para encontrar puntos de acuerdo para poder votar oportunamente todos juntos”.
Tras detallar los programas implementados por el Gobierno porteño en la materia y señalar que JxC “está de acuerdo con el espíritu en general del proyecto”, remarcó: “Tenemos algunas diferencias en varios puntos que nos parecen relevantes”.
En primer lugar, señaló que “debe ser precisada la categoría por la cual se establece que una persona está en situación de calle, ya que la extensión prevista -según como está redactado el artículo 4- incluye a los que viven en los barrios populares, en instituciones o que no tienen seguridad en un futuro inmediato. Se propone eliminar el inciso C del artículo 4”, dijo.
Polledo, en el artículo 5, marcó que “no en todos los casos hay una vulneración de derechos o una ausencia del Estado” cuando una persona está en situación de calle.
Asimismo, consideró que “en el artículo 8 se habilita el uso indebido del espacio público a impedir que el Estado pueda intervenir para liberar cualquier ocupación”.
“Al tener inmunidad, la ocupación se transformaría en una apropiación del espacio público. Este artículo es gravísimo porque invita a incentivar las tomas de espacios públicos con diversas finalidades”, apuntó.
También pidió “incorporar una guía para dar respuestas a una intervención cuando esas personas sean niños, niñas o adolescentes”.
Otra de las críticas fue que “se podría implementar un sistema en paralelo sobre la misma temática que responda a dos autoridades distintas y eso en la práctica sería poco beneficioso, ya que habría una autoridad nacional y otra local”.
Por otra parte, señaló que “los derechos que en este proyecto de ley dicen reconocerle a las personas en situación de calle ya están reconocidos en convenciones con rango constitucional y por eso esta iniciativa tiene mucho de impacto publicitario, porque no es de buena técnica legislativa, legislar lo que ya está vigente”.
El proyecto, elaborado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica, propone la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle.
La iniciativa prevé, además, la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.
También estipula la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y una “red nacional de centros de integración social” con formación y capacitación en oficios.
