Luego de una extensa reunión, el oficialismo en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo impuso su mayoría para pasar a la firma el dictamen de validez del DNU 431/21, mediante el cual el Gobierno modificó la Ley de Vacunas contra el Covid para destrabar negociaciones con laboratorios con los que todavía no se pudieron cerrar acuerdos -como Pfizer-, y avanzar así con la vacunación de menores de 18 años.

Al encuentro de este martes asistieron para defender la decisión presidencial la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, acompañadas también por la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

Durante el encuentro, tanto las funcionarias como los legisladores del Frente de Todos justificaron la utilización de un decreto para incorporar los cambios a la norma, mientras que la oposición cuestionó que se haya salteado el trámite legislativo e ignorado al Parlamento.

En ese sentido, los integrantes de Juntos por el Cambio reclamaron que, aunque ya se haya emitido un DNU, las modificaciones queden plasmadas a través de una nueva ley.

En su exposición, Ibarra respaldó la decisión del Gobierno de introducir los cambios por la vía del decreto, aseverando que las nuevas disposiciones fueron fruto de negociaciones muy arduas, y ratificó sus declaraciones del viernes pasado en conferencia de prensa: “Los tiempos del Congreso no están previstos para estas emergencias”.

Además, la secretaria Legal y Técnica aclaró que en la Ley de Vacunas 27.573 “la palabra negligencia no era y nunca fue el único reclamo” de algunos laboratorios para cerrar acuerdos con Argentina, por eso insistió que el DNU se emitió para contar con más vacunas “cuanto antes”.

Consultada por el diputado oficialista Pablo Yedlin sobre si hubiera sido viable el proyecto de ley que proponía Juntos por el Cambio -y que la semana pasada el Frente de Todos rechazó tratar sobre tablas en la Cámara baja-, Ibarra aseguró que “definitivamente no” hubiese servido la iniciativa presentada por la macrista Carmen Polledo. En esa línea, reiteró que la palabra negligencia “era uno de los obstáculos, sí, era el único, no. Por eso este DNU no tiene un solo artículo”.

Por su parte, el diputado radical Gustavo Menna advirtió sobre “las modificaciones y la razón por la cual se flexibilizó y relajó la salvaguarda del patrimonio argentino. No contaron al Congreso que estaban desafectando de la salvaguarda de la inmunidad soberana a una categoría inmensa de bienes”, al tiempo que alertó por la posible afectación de las regalías de las provincias petroleras.

A ello, Ibarra remarcó que se trata de “temas muy difíciles” y “negociaciones muy arduas, que involucran temas muy importantes” como “los intereses para Argentina”. Pero enfatizó: “Hemos defendido la integridad de los bienes soberanos”.

“Jamás por una deuda del Estado Nacional han ido a embargar los Ingresos Brutos que cobra una provincia”, ejemplificó la funcionaria, y dijo que “específicamente el que está autorizado para poner cláusulas de renuncia de inmunidad soberana es el Estado Nacional”, y “hay una porción de regalías que cobra el Estado Nacional”, es a eso “que se le quita inmunidad soberana”. “No hay ningún bien provincial involucrado en este tema”, apuntó.

Una vez que las funcionarias se retiraron, los legisladores se dieron su debate en la comisión que preside el diputado oficialista Marcos Cleri. Entre ellos, habló Yedlin, quien con gráficos mostró el impacto de la vacunación en Argentina y destacó que “este DNU es la demostración que el Gobierno nacional quiere que en esta situación de necesidad y urgencia, los niños menores de 18 años que tengan necesidad puedan vacunarse”.

Además, con este decreto “abrimos la puerta a un grupo de laboratorios” como Pfizer o Johnson y Johnson, señaló, y añadió: “Bienvenidas sean todas las vacunas que los argentinos necesitamos hoy y en los próximos años”.

Desde el aspecto jurídico, el diputado macrista Pablo Tonelli enfatizó que el dictado de DNU’s “no es una opción, no es que el presidente o el Gobierno puede elegir entre que las leyes las sanciones el Congreso o se dicten por un decreto”.

El porteño consideró como “nada satisfactorio” el argumento de Ibarra sobre la modificación de la ley por decreto, porque no hay “nada que justifique la emisión de ese decreto”. Para el opositor, se trató de “un desprecio notorio hacia el Congreso, que es uno de los tres poderes del Estado”.

Entonces, Tonelli instó al oficialismo a que convoque a sesión para este mismo miércoles, que la oposición aprobaría los cambios por ley, “y el jueves estoy seguro que el Senado puede hacer lo mismo; y el viernes el presidente promulgar la ley, y cumpliríamos con la Constitución”.

Finalmente, aunque no forma parte de la comisión, cerró el debate el jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, quien desafió a los diputados a que “nos ganen una vez” y ratifiquen en la Cámara baja el DNU. Fue en alusión a que siempre, y porque la mayoría en la Cámara alta así se los permite, los senadores oficialistas son los que aprueban los dictámenes de la bicameral en el recinto. “Si quieren, a este DNU pueden tratarlo en el recinto y aprobarlo. Ojalá que ustedes nos ganen”, expresó, y anunció que igualmente la próxima semana el cuerpo presidido por Cristina Kirchner votará la validez del decreto.