Con cambios, el oficialismo y Juntos por el Cambio avalaron la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo, que se votaría la semana próxima en el recinto. Rechazo del rionegrino Alberto Weretilneck.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado avalaron este miércoles el dictamen del proyecto de ley que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, presentado desde el Poder Ejecutivo. Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck manifestó su rechazo.
La iniciativa, que se votaría en el recinto de la Cámara alta la próxima semana, recibió una serie de cambios respecto de la redacción original, según consensuaron los integrantes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico. Asimismo, en la sesión se incorporarán otras dos modificaciones.
En el texto se contempla además la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.
En el arranque, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, celebró el acuerdo alcanzado y las modificaciones introducidas, a partir de que “se han receptado todas las principales discusiones y debates que tuvimos”, y también las opiniones de los expositores que concurrieron durante las reuniones informativas, al tiempo de contar con la consulta y el aval del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (FdT) valoró que “tenemos la capacidad de discutir los temas que parecen tabú” y eso muestra “un crecimiento en la visión y en la calidad legislativa que tiene este Congreso”. “Las políticas públicas se construyen así, escuchando a todos”, destacó el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT), que deseó “que tengamos una media sanción pronta”.
También a favor de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) sostuvo -en respuesta a Weretilneck-: “Yo no tengo nada contra el capitalismo. Sí contra el capitalismo financiero, que creo le ha hecho muchísimo daño al mundo y a la República Argentina. Pero sí creo que esta es una enorme oportunidad para que pequeños y medianos productores de Argentina puedan trabajar en materia de diversificación productiva”.
En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT) resaltó que “el mundo entero está desarrollando hace pocos años esta industria que, en miras a lo que estamos viendo, es una industria novedosa, pero muy dinámica, en donde Argentina tiene la posición de ser un líder natural no solamente por nuestras condiciones climáticas, sino también por nuestra innovación científica”.
La postura en contra de Weretilneck
En medio del acuerdo armónico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que pocas veces ocurre, el senador de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck -aliado del FdT en el Senado- manifestó su posición en contra del proyecto.
Para el legislador, los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional “en cuanto a sumar a Argentina a los 50 países que en el mundo empiezan a formar parte de este negocio, con la finalidad de generar ingresos y exportaciones” se hacen “soslayando absolutamente el tema de la salud pública y fundamentalmente a nuestros jóvenes”.
“Esta es una ley de las más capitalistas que hemos visto en los últimos años, profundamente capitalista”, afirmó el exgobernador de Río Negro, que subrayó que “si vemos lo que está sucediendo en el mundo con el consumo de marihuana”, este “es un paso previo a cederle un negocio de estas características a las grandes multinacionales”.
Weretilneck opinó que “esto es el reemplazo del tabaco por la marihuana”, advirtiendo que “la humanidad tardó 80 años en darse cuenta del prejuicio del tabaco en la salud pública”.
“El debate es mucho mayor que si vamos a tener este perfil exportador o de creación de economías (regionales) en el país”, agregó y además aseveró que no cree que “el Estado esté en condiciones de controlar esta actividad tan riesgosa”.
El proyecto
El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Entre los cambios que incorporaron los senadores, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
A partir de las opiniones de invitados en los plenarios, se incorporó un capítulo denominado “Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs”, donde se estima que la ARICCAME “articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo”.
Además, la ARICCAME “articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley”.
