En medio de un fuerte cruce de palabras con el Frente de Todos (FdT), el oficialismo y sus aliados lograron aprobar con 36 votos a favor y 19 en contra una norma que actualiza los lineamientos de la Ley de Catastro, con el fin de ordenar la medida que rige el catastro y el registro de mensuras, adaptándolos a las necesidades actuales y facilitando la simplificación de los trámites.

El texto recibió el acompañamiento de VJ, UCR-Ev y PS, y  el rechazo de AyL, FdT y FIT.

De esta manera, el cuerpo actualizó y adecuó todas las disposiciones del Código de Edificación, que había obtenido primera aprobación en diciembre de 2020. Luego, en marzo de 2021, el proyecto fue sometido a las consideraciones de una extensa y muy participativa Audiencia Pública, donde surgieron muchas propuestas y correcciones formuladas por funcionarios del Ejecutivo, diputados, especialistas y particulares.

En este contexto los legisladores del FdT insistieron que con las modificaciones realizadas no se garantiza la prohibición de que en la Ciudad se creen barrios privados o náuticos, lo que podría favorecer la intención del oficialismo porteño de avanzar con la creación de un barrio náutico en los predios de Costa Salguero y Punta Carracto.

El conflicto en cuestión se dio en torno a una definición que se incluye entre las modificaciones: la de “conjuntos inmobiliarios”. El texto, que obtuvo dictamen de mayoría, establece que estos conjuntos son “aquellos emprendimientos urbanísticos, tales como parques empresariales o náuticos, o cualquier otro, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en el Código Urbanístico”.

El debate en el recinto

El encargado de abrir el debate en el recinto fue el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), quien aseguró que estos “proyectos que continúan la línea de trabajo, incansable y sostenida, de todo el equipo de la Ciudad y que se trata de un trabajo hecho a conciencia y con mucha responsabilidad y seriedad. Traen mayor transparencia, innovación y claridad, que vienen a ponerse en la vanguardia y posiciona a Buenos Aires a la par de otras ciudades del mundo”.

Con respecto a la Ley N° 3999 de Catastro, se trata de un ajuste debido a los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación, aprobados en 2018, y la necesidad de compatibilizarlos. “Esta ley va a permitir contar con un catastro acorde a la normativa actual. Además se busca agilizar los trámites y acompañar de la mejor manera los procesos de reurbanización e integración de barrios que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad”, señaló.

Por su parte la peronista María Rosa Muiños (FdT) señaló que “nos dicen que el Gobierno trabajó arduamente este proyecto, pero no se hizo en la Legislatura con los legisladores; nosotros solo tuvimos una ocasión para poder discutir este tema tan complejo”.

Mientras que la legisladora del FIT Amanda Martín se preguntó “cuál es el apuro con tratar esto y nosotros creemos que tiene que ver con que se viene una nueva temporada de privatización de tierras, el proyecto entró el 24 o 25 y hoy ya lo estamos tratando acá” e indagó acerca de “¿por qué modificar aquellas cuestiones que podrían agravar las condiciones de habitabilidad que necesitan las personas con discapacidad? Esto tiene un carácter de avance en la privatización y de negocios inmobiliarios”.

“Pero hay otro problema, no se define acerca de a que nos referimos cuando hablamos de barrios privados, es una indefinición por lo que se instala la posibilidad de que se creen este tipo de barrios. La Ciudad está preparando, para después de las elecciones, el proyecto de Costa Salguero”, completó.

Al mismo tiempo que el kirchnerista Javier Andrade (FdT) indicó que el oficialismo porteño busca modificar la Ley de Catastro “con la excusa de una falsa integración del río quieren habilitar los mega emprendimientos inmobiliarios con viviendas de lujo en la Costanera” y remarcó que le “genera muchísima preocupación el avance de los negocios con las tierras públicas y costeras, están adaptando las normativas para habilitar usos que estaban prohibidos y que van en contra de la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental”.

“Es muy clara la intencionalidad de profundizar su modelo desigual de Ciudad. El proyecto de Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, el intento de la venta de Costa Salguero y la privatización del río son ejemplos irrefutables”, aseveró y explicó que “el Código Civil y Comercial de la Nación creó la figura de ‘conjuntos inmobiliarios’, que abarca barrios privados y náuticos, pero eso NO significa que sean admisibles en la Ciudad de Buenos Aires”.

Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) planteó que esta “reforma al código de Edificación nos hace retroceder en calidad de vida, se flexibilizan las condiciones de ventilación e iluminación, se genera la posibilidad de construir espacios bajo la cota de parcela, y se mantiene la posibilidad de construir viviendas de 18mts; no hemos aprendido nada de la pandemia que nos reclama más verde, más ventilación, más metros; Larreta nos propone vivir peor”, y agregó que “la única finalidad de estas modificaciones es facilitarle el trabajo a los desarrolladores amigos, liberándolos de exigencias mínimas de habitabilidad”.