En una nueva fecha patria, el grupo que entre otros referentes tiene a la diputada Fernanda Vallejos abogó por un proyecto de país con “un modelo de capitalismo nacional de salarios altos y trabajo digno”.
Con una fuerte defensa del trabajo, el salario y la producción nacional, el Grupo 25 de Mayo presentó este 9 de Julio su tercera proclama. Allí se pronunció por un “desarrollo autónomo”, con incremento en la capacidad adquisitiva de las mayorías populares, el consumo y la demanda, como base para la reactivación económica y la creación de trabajo. El texto marca un claro contrapunto con “las grandes asociaciones empresarias y rurales”.
El documento está encabezado por el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos; el exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, y el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas.
En ocasión de conmemorarse los 205 años del Día de la Independencia, el Grupo 25 de Mayo se expresó a favor de “la consolidación y ampliación de los derechos laborales y sociales conquistados, promoviendo la efectiva y plena vigencia del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional; el crecimiento de los salarios e ingresos por encima de la inflación; el desacople de los precios internacionales y domésticos y el control de prácticas monopólicas y oligopólicas; la creación de trabajo y el robustecimiento del mercado interno, y el fomento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales”.
La proclama calificó como “ineludible” el debate al respecto de cómo salir de la actual crisis en “una Argentina devastada por los cuatro años de neoliberalismo macrista y los efectos de la pandemia”, el cual sostuvieron “debe darse con valentía, madurez, compromiso y seriedad”, al tiempo que destacaron once “desafíos prioritarios”, a modo de lineamientos de política económica.
“Estas reflexiones sobre la política económica y su dinámica, exhiben la insoslayable necesidad de una inmediata y sustantiva distribución del ingreso y la riqueza, que no sólo es un imperativo de justicia social, sino una condición necesaria del desarrollo económico autónomo”, se lee en el documento de 5 páginas.
Así lo expresaron más de 3 mil referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas que suscribieron la Proclama del 9 de Julio, bajo el lema “Independencia económica es más justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional”.
El documento fue dado a conocer en el mismo momento en que sectores de la dirigencia agropecuaria se manifestaban en San Nicolás, a los que el Grupo 25 de Mayo definió como “quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales para aumentar, sin justificación de mayores costos, sus precios locales, como resulta tan evidente en el brutal encarecimiento de los alimentos en nuestra mesa”.
Vallejos fue la primera en hacer pública la proclama, con un posteo en sus redes sociales, donde escribió que “con miles de argentinos y argentinas firmamos la Proclama del 9 de julio, por un país con justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional, porque para eso queremos la Independencia Económica”. Minutos después, la siguieron otros dirigentes firmantes de la proclama.
El Grupo 25 de Mayo hace un llamado al protagonismo ciudadano “ante la emergencia”, para salir de la crisis.
La proclama señala que “el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras -activos y pasivos, formales e informales, ocupados y desocupados-, de las amplias mayorías ciudadanas, y la alianza estratégica con los empresarios con conciencia nacional, resulta políticamente imprescindible” para alcanzar los objetivos de construir un capitalismo nacional. Esto fue refrendado no sólo por un número significativo de sindicalistas, sino por empresarios como, además de Moretti y Salas, Raúl Hutin (directivo de la Fundación ProTejer), Pedro Peretti (productor rural y dirigente de Grito de Alcorta), Francisco Dos Reis (presidente del CEEN), Leo Bilansky (presidente de ENAC y cercano al Instituto Patria), Luis Duarte (directivo de AIERA), entre otros.
Junto con Moyano y Yasky, del gremialismo suscribieron Sonia Alesso, Roberto Baradel, Héctor Amichetti, Pablo Micheli, Daniel Catalano, Walter Correa, Hugo “Cachorro” Godoy, Pedro Wasiejko, Ricardo Peidro, Norberto Di Próspero, Beto Pianelli, Yamile Socolovsky, Raúl Durdos y Daniel Ricci, Daniel Yofra, entre varios otros, además de referentes de organizaciones sociales, como el diputado Juan Carlos Alderete o la organización campesina MOCASE, con varios de sus dirigentes.
La nutrida presencia de gremios y sindicalistas, estuvo en línea con las declaraciones de esta semana de Hugo Moyano, quien sostuvo: “de Cristina critiqué las formas pero no las ideas”, afirmando la pertenencia ideológica al espacio político que lidera la vicepresidenta de la Nación.
El acompañamiento de dirigentes PyMEs lo explicó la ex ministra de Economía Felisa Miceli durante una reunión de trabajo del Grupo 25 de Mayo donde se discutió el contenido del documento: “muchos empresarios nacionales han empezado a entender que pagar altos salarios no es un costo sino algo que les vuelve a ellos en forma de mayor demanda y mayores ventas”.
La proclama tuvo una mención especial para los jóvenes, sosteniendo que se deben “promover las condiciones y oportunidades para la plena incorporación de las y los jóvenes al mercado de trabajo”. También les dio categoría de sujeto político a “los estudiantes” al resaltarlos entre los grupos sociales que estaban llamados a protagonizar el despegue de la Argentina.
Otra mención fue para las mujeres, al señalar entre los objetivos de la política “eliminar las brechas laborales y salariales entre varones y mujeres”. Lo que conquistó la firma de muchas feministas, como las actrices Cecilia Roth y Luisa Kuliok.
Además, suscribieron referentes religiosos, como los curas en la Opción Preferencial por los Pobres Francisco Paco Olveira y Eduardo de la Serna y el pastor evangélico Guillermo Prein, así como el referente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum.
También sumaron su firma el juez Andrés Gallardo (presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana), el secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, los jueces Juan Ramos Padilla y Alejandro Aníbal Segura; el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, la comisionada nacional para la Prevención de la Tortura, Diana Conti; el director de Nucleoeléctrica Argentina, Gabriel Barceló y un número importante de legisladores nacionales, como la senadora por Tucumán Beatriz Mirkin y los diputados Héctor “Gallego” Fernández, Claudia Ormachea, Marcelo Koenig, Graciela Landriscini, Pablo Carro, Blanca Osuna, Estela Hernández, Mabel Caparrós, María Luisa Montoto y Alcira Figueroa; diputados provinciales como Verónica Mercado, Cecilia Guerrero, Carmen Nebreda, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires José Cruz Campagnoli y su par Lorena Pokoik y las parlamentarias del Parlasur Julia Argentina Perié y Elena Corregido.
El texto asigna una valoración importante al “rol central” del Estado “interviniendo, regulando, supervisando, orientando, planificando, generando incentivos y oportunidades”. En otro apartado del documento se afirma que “es relevante la reconstrucción de la capacidad empresaria del Estado en áreas estratégicas”, en consonancia con la decisión del presidente Alberto Fernández de recuperar el control estatal de la hidrovía, tal como lo había planteado el Grupo 25 de Mayo en su anterior proclama del 20 de Junio.
En este mismo sentido, los firmantes cuestionan la lógica liberal que “postula que el ámbito productivo debe ser reservado a la iniciativa privada” y recuerdan que “los países que lograron mayores niveles de bienestar y desarrollo humano son los que han tenido y tienen Estados inteligentes y robustos, servidores públicos capacitados y bien remunerados, y políticas públicas potentes, que atienden las necesidades de sus ciudadanías, financiados con sistemas impositivos progresivos”.
En el escrito, no se soslaya la gravedad del actual escenario socioeconómico, que encuentra a la Argentina con más del 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, más del 10% en la indigencia y más del 22% de las trabajadoras y los trabajadores activos desempleados o subocupados. Sin embargo, alertan que “la crisis no es igual para todos. Hay claros perdedores y ganadores”. En ese sentido, destacan que “siguen multiplicando sus ventajas los especuladores especializados en maniobras financieras y cambiarias; quienes toman provecho de posiciones dominantes en mercados monopólicos u oligopólicos; quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales…”.
“Una parte de la dirigencia patronal, que se expresa a través de las grandes asociaciones empresarias y rurales, pretende un vínculo prebendario con el Estado, limitado a la obtención de mayores beneficios para sí -aún a costas del conjunto- y a la exclusiva defensa de los intereses de la pequeña minoría privilegiada de la que forman parte”, puntualiza el documento.
La proclama hace un llamado a “las dirigencias -no sólo política sino económica, sindical y de todos los ámbitos de nuestra sociedad-“ a “construir respuestas edificantes para atender la emergencia sanitaria, económica y social” que atraviesa la Argentina.
Del mismo modo, el Grupo 25 de Mayo sostiene que “de la crisis sanitaria se sale sosteniendo la campaña de vacunación y las medidas de cuidado que parte de esas dirigencias adversó y boicoteó. De la crisis económica se sale con Producción y Trabajo. De la crisis social se sale con una justa distribución del ingreso, de la riqueza y de las cargas, en relación con la capacidad contributiva”. “Sin esperar ‘derrames’ que nunca se produjeron ni se producirán”, refuerza el texto, que, al igual que en las proclamas anteriores, recoge una nutrida y heterogénea cantidad de adherentes.
Entre ellos, los economistas heterodoxos Alejandro Rofman, referente del Plan Fénix; Guillermo Wierzba y Claudio Lozano, ambos directores del Banco Nación; Roberto Feletti, secretario Administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires; Felisa Miceli, exministra de Economía; Débora Giorgi, exministra de Industria; Jorge Marchini, Pablo Tigani, Magdalena Rúa, Hernán Arbizu y Víctor Portnoy, entre otros.
También firmaron el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Roberto Bendini, los dirigentes de la Internacional Progresista, Alicia Castro y Juan Pablo Olsson -este último hijo de la ex diputada recientemente fallecida Alcira Argumedo-, el referente de la Tupac Amaru Alejandro “Coco” Garfagnini y la propia Milagro Sala.
Del ámbito del arte, la cultura y el periodismo, aparecen, entre otros, el escritor Marcelo Figueras; los periodistas Víctor Hugo Morales, María Seoane, Daniel Tognetti, Telma Luzzani, Marcos Teruggi, Luisa Valmaggia, Juan Enrique, Héctor Sosa, Marcelo Duhalde y Mariano Beristain; los artistas Juan Falú, Marián Farías Gómez, Liliana Herrero, Jean Pierre Noé, Manuel Callau, Arturo Bonín, Cristina Benegas, Osvaldo Santoro, Luis Ziembrowski, Horacio Roca, Cristina Tejedor, María Ibarreta, Miriam Rellán, Amancay Espíndola y María José Pérez, el historiador Norberto Galasso y el politólogo Atilio Borón.
Proclama-del-9-de-julio-INDEPENDENCIA-ECONOMICA-ES-MAS-JUSTICIA-SOCIAL-TRABAJO-DIGNO-SALARIOS-JUSTOS-Y-PRODUCCION-NACIONAL-1Un eje fuerte del escrito se centra en el rechazo tajante de una idea que circuló en las últimas semanas para modificar el derecho a la indemnización de los trabajadores, impulsada por el empresario textil Teddy Karagozian y compartida por el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el abogado Daniel Funes de Rioja.
“Repiten ideas antihumanistas de flexibilización de las leyes que protegen a las trabajadoras y trabajadores, que provocarían una merma aún mayor en sus ya castigados salarios y su dañada participación en la riqueza, achicando su capacidad de consumo y su función como destinatarios de la producción”, subraya el Grupo 25 de Mayo.
Como contracara a esas posturas, la Proclama del 9 de Julio propone la plena vigencia del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza al trabajador “condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática”. No por casualidad el documento también fue suscrito por el abogado laboralista Héctor Recalde y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte.
En línea con la recientemente exitosa experiencia de Islandia tras la puesta en marcha de la jornada laboral reducida o el proyecto piloto aprobado en España y liderado por el dirigente y diputado de Más País, Iñigo Errejón, el Grupo 25 de Mayo propone “reducir la jornada laboral conforme con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento de la masa salarial y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no vivan para trabajar sino que trabajen para vivir, disponiendo del tiempo y los recursos suficientes para disfrutar de los afectos, el arte, la reflexión, el estudio o la cultura, mejorando la productividad de la sociedad”. Una idea que ya habían hecho pública tanto la diputada Fernanda Vallejos, durante una presentación sobre la economía para la pospandemia en el Instituto Patria, como el titular de la CTA y también diputado Hugo Yasky.
A su vez, en otro tramo del texto, la Proclama coloca el acento en la necesidad de “terminar con el trabajo infantil”, un eje sobre el que ha venido trabajando con fuerza el dirigente camionero Pablo Moyano.
El Grupo 25 de Mayo también hace hincapié en la importancia de poner en marcha un modelo de desarrollo armónico que incluya a los distintos sectores económicos y permita que todos los argentinos resulten beneficiados del desarrollo del país.
“La industria, el comercio, los servicios, las actividades agropecuarias, la pesca y la minería son todas necesarias para la reconstrucción de la Argentina. Afortunadamente, en nuestro país pueden desarrollarse plenamente todas ellas, preservando el ambiente. Pero, esas actividades deben articularse en cadenas productivas aguas arriba y aguas abajo…”, explica la Proclama del 9 de Julio.
En esta misma línea de razonamiento, la Proclama considera que “diversificar la estructura productiva y dar valor a las exportaciones, es una tarea sustantiva”. Y considera que “la inversión, tanto pública como privada, ocupa un lugar central y debe ser impulsada priorizando la competitividad sistémica y la diversificación productiva, de acuerdo con el interés nacional”.
En un guiño al ministro de Economía Martín Guzmán, el Grupo 25 de Mayo también reconoce que “debe atenderse la consistencia macroeconómica y la necesidad de alejar la restricción externa, en tanto limitante para la sostenibilidad del crecimiento”, sobre lo que también señala que debe hacerse “siempre -y simultáneamente- priorizando el objetivo central e ineludible de mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro país y de nuestro pueblo”.
