Con la intención de saldar una deuda histórica, la Comisión de Justicia –presidida por el radical Martín Ocampo (UCR-Ev)-  encabezó este lunes un debate al respecto de la instauración del juicio por jurados, en el que un panel de especialistas aportaron sus miradas disidentes al respecto de la iniciativa.

El encuentro estuvo a cargo de Leandro Halperín (UCR-Ev), quien viene impulsando desde hace varios años una iniciativa al respecto en la Legislatura porteña pero que aún no ha tenido espacio para el debate en comisión. Además participaron del debate la especialista en Derecho Penal y miembro de Usina de Justicia, María Jimena Molina; la coordinadora Nacional de la Agrupación Víctimas por la Paz y Directora del Área de Justicia Restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal, Diana Márquez; y el fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco.

Al inicio del encuentro, Halperín indicó que “desde hace dos años esta Comisión viene llevando adelante estas reuniones en la que se analiza el funcionamiento del Juicio por Jurados, una herramienta que está prevista en nuestra Constitución Nacional y la de la Ciudad” e insistió que “tenemos que tener en cuenta la mirada que las victimas nos pueden dar, hay muchas organizaciones que están trabajando y aportando sus miradas sobre los conflictos que el derecho penal tiene”.

Por su parte, Molina señaló que desde Usina de Justicia “promovemos el rol activa de la víctima dentro del proceso penal, esta es una deuda que tiene nuestro Derecho Penal aunque en el último tiempo comenzó a revertirse. Esta es una propuesta que genera controversia, porque prima la voluntad popular” y remarcó que “el enjuiciamiento por jurados populares es el coronamiento del sistema acusatorio caracterizado por la participación activa del acusado, fiscales, defensor y de la propia ciudadanía que es elegida como jurado. Priman principios como la oralidad, la bilateralidad, la mediación y la tradición”.

Sin embargo, advirtió que “se observa un claro y llamativo apartamiento de la llamada ‘igualdad de armas’: porque mientras el acusado puede recurrir el veredicto condenatorio emitido por el jurado popular, ni la victima ni el fiscal pueden hacerlo” y consideró que “hay una necesidad de que el jurado emita su voto de manera fundamentada, ya sea de manera escrita o a través de una grabación para que puedan conocerse las razones que los llevaron a determinar el veredicto. También pedimos que se adopte un sistema de votación únicamente por mayoría”.

A su turno Márquez se definió “por el sí al juicio por jurados, aunque tengo que aclarar que este es un debate que quizás debería estar saldado porque el sistema acusatorio se enriquece con el juicio por jurados, pero creemos que ya debería estar superado este debate” y abogó por la implementación de una justicia restaurativa.

Asimismo consideró que “el punitivismo ya ha demostrado una y mil veces su ineficacia, no nos lleva a ser una sociedad más pacifica ni más vivible en la dimensión humana” y precisó que “aspiramos a ser víctimas proactivas que no demos lastima ni busquemos venganza, que nos alejemos del cálculo de la pena como única medida de justicia y que no veamos a la privación de la libertad como el único camino para le prevención del delito”.

“La imagen del juicio por jurados es una imagen mucho más democrática que la que vemos en un juicio común, esto ya es valioso en sí mismo porque las partes ven que tienen enfrente a personas de su misma comunidad”, añadió.

En tanto Cevasco planteó que “lo que no se puede es mezclar sistemas procesas, cada sistema tiene sus características, contexto, sistemas de nulidades y procedimientos” y concluyó recordaron que “el jurado en general analiza las cuestiones de hecho y prueba, dejando las cuestiones jurídicas para la decisión judicial en lo que se llama la cesura del debate”.

Cabe recordar que el proyecto impulsado por Halperín cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.

De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.

El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.

Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.