Se aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo para regular la producción del cannabis medicinal con una amplia mayoría. Pero hubo un amplio reclamo de senadores de diferentes bloques para que en la reglamentación se de mayor participación a las provincias.
El marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial recibió el aval de la Cámara alta con 56 votos a favor y 5 en contra y 1 abstención, con el apoyo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio mientras que otros senadores de ese interbloque opositor votaron en contra.
Los senadores nacionales que votaron en contra son: Laura Machado Rodríguez (JxC-Córdoba); Julio Cobos y Pamela Verassay (JxC-Mendoza); Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); Alfreo de De Angelis (JxC-Entre Ríos); mientras que y una abstención: Víctor Zimmermann (JxC-Chaco).
Al cerrar el debate que se extendió por más de un hora y media, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) aseguró “Lo más importante es que en un estudio de la UBA se afirma que en un desarrollo a mediano plazo en la República Argentina se puede generar 10 mil puestos de trabajo y un mercado de interno de unos 500 millones de pesos anuales a mediano plazo, lo que es una gran noticia y muy necesario”.
“Vamos a estar generando una nueva industria, trabajo y producción nacional que nos une a todos los argentinos como un objetivo común”, cerró la legisladora mendocina.
Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
La iniciativa del Ejecutivo contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.
Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.
El debate
El miembro informante del oficialismo Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que “con la legalización del uso medicinal y terapéutico del cannabis y cáñamo industrial se ha dado un importante impulso a una industria global que tiene un amplio futuro de crecimiento”.
“Estamos ante una actividad intensiva y creadora. Con un empleo de alta calidad”, consideró el legislador puntano que además agregó: “Una parte fundamental de esta iniciativa es la oportunidad que genera para mejorar el acceso de la salud, por lo que se va a poder acceder legalmente y sin clandestinidad al aceite de cannabis”.
Asimismo, dijo que “el cultivo del cáñamo y el cannabis “tiene cualidades ambientales y mejora la estructura del suelo porque además no demanda la utilización de herbicidas”.
Durante el debate, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), justificó su voto negativo al señalar: “Estoy de acuerdo en sacar de la clandestinidad el cultivo del cannabis y tener un control de la producción, pero lo que hace este proyecto es violar la Constitución en temas de facultades de provincias que son las que regulan el tema de desarrollo agrícola”.
En su crítica, señaló: “Como cordobesa creo que es una afrenta dedicarle el voto positivo a una ley que solo el Ejecutivo se va a dedicar a controlar -la producción de cannabis medicinal- mientras desde el oficialismo se generan acciones legislativas o decretos que perjudican la producción del centro agropecuario argentino”.
“Parece que quieren liquidar el campo, pero ahora quieren salir a generar la industria de la marihuana con el control del Ejecutivo nacional y sin la facultad de intervención de las provincias”, criticó Rodríguez Machado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, Mario Fiad (JxC), remarcó los “cambios realizados en el proyecto de ley original”, y señaló: “Apoyo el impulso que se le quiere dar a esta actividad, en especial teniendo en cuenta que Jujuy ha liderado con su emprendimiento los programas de producción e investigación del cannabis con fines medicinales”.
La senadora sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) resaltó el proyecto de ley pero planteó que “se espera con ansias que la cuota de federalismo, que fue un compromiso del ministro de Producción, Matías Kulfas, se cumpla” en la reglamentación que realizará el Ejecutivo respecto a la agencia de control donde el reclamo es que las provincias tengan mayor participación y su opinión sea vinculante.
En su discurso, el senador Alfredo Luenzo destacó el hecho de que el cannabis “salga del ámbito de la clandestinidad” y se le dé “el marco que tiene que tener la planta de marihuana”. “El prohibicionismo en el tema del cannabis es un gran problema que tiene que enfrentar el mundo. Como lo enfrentó Canadá, como lo enfrentó recientemente Uruguay, con resultados óptimos en contra del narcotráfico. El prohibicionismo lo único que hace es alentar el narcotráfico”, argumentó.
El chubutense consideró que el Congreso debe darse la discusión sobre la despenalización total del cannabis, porque de esa manera “vamos a ganar la pelea del narcotráfico”. “Tenemos que abrirnos en que el cannabis tiene que dejar de ser una política de prohibicionismo”, insistió.
Además, señaló que “en los barrios vulnerables, cuando los pibes no tienen otra alternativa, de cada 10 pibes, siete, comienzan en el menudeo y esa es la puerta de ingreso”. Reforzando su posición, indicó que en Uruguay “bajó en un 58% el narcotráfico. No es que estamos idealizando la despenalización, estamos mostrando hechos”, concluyó.
Con un discurso crítico y en respuesta a Luenzo, el legislador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro): “Voy a votar en forma negativa en convencimiento hacia dónde vamos como país con respecto de la marihuana. no estoy de acuerdo en sumarme al mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas. Ya no se habla de marihuana y ahora se habla de cannabis como una versión atenuada.
El senador por Río Negro fustigó: “El negocio de la marihuana va a tener una irrupción económica más grande desde la creación de Amazon. Se prevé que habrá millones y millones de dólares en el mercado”.
“Esta es la ley más pro capitalista y la más relacionada a las multinacionales que votó este Congreso”, afirmó el exgobernador rionegrino, que remarcó: “No hay ninguna agencia de control de medicamentos que haya aprobado a la marihuana como un medicamento”.
Ante esa afirmación, la senadora jujeña Silvia Giacoppo (JxC) aseguró: “Vamos para donde va el mundo con un cambio de paradigma al dejar de demonizar al cannabis que con su uso medicinal tiene facultades que están probadas para muchísimas dolencias y problemas como la epilepsia”.
Para la senadora puntana Eguenia Catalfamo (FdT) “esta iniciativa genera una oportunidad única, constituye un verdadero triunfo para todos los argentinos y argentinas”, ya que “la propuesta busca mejorar la salud y la calidad de vida de aquellas personas que requieren del tratamiento medicinal del cannabis”.
A su turno, la senadora mendocina Pamela Verasay (JxC) sostuvo que “esta ley tiene falta de federalismo, el marco regulatorio que se está proponiendo para la industria del cannabis está tomando funciones que pueden desarrollar las provincias, que tienen facultades para regular y reglamentar sus actividades económicas”.
El senador catamarqueño Dalmacio Mera (FdT) sostuvo que “este proyecto es un buen proyecto que contempla muchas realidades y tiene una especificidad de lo que considera o no estupefacientes, por lo que esta ley aspira a cubrir vacíos y va en sintonía con algunas leyes internacionales”.
Por su parte, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) dijo que “esta iniciativa genera mucha alegría y también esperanza porque vamos a estar consagrando derechos y dando posibilidades en este difícil contexto de pandemia. Estamos creando y regulando un nuevo mercado desde un anclaje basado en la salud pública”, apuntó.
