El universo de barrios populares en Argentina asciende a más de 5000, en donde viven casi un millón de familias. Preocupa la ejecución del fondo previsto en la Ley 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Héctor “Toty” Flores presentaron, en conjunto con otros diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, un pedido de informes y un pedido de acceso a la información sobre el estado del Registro Nacional de Barrios Populares y la ejecución del fondo previsto en la Ley 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana.
Según información recogida por los diputados de la CC, hay 45 mil millones de pesos sin invertir para el fideicomiso de integración socio-urbana de villas y asentamientos (FISU), los mismos fueron recaudados para tal fin.
El FISU se nutre de ingresos establecidos por la Ley de emergencia económica de diciembre de 2019 (que creó el impuesto PAIS y le asignó el 9% de lo recaudado) y la del aporte solidario o impuesto riqueza de 2021 (que le asignó el 15% de lo recaudado).
La autoridad de aplicación de la Ley y entidad controlante del FISU es la Secretaria de Integración Socio urbana (SISU), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que conduce Daniel Arroyo.
A través de un comunicado, los diputados señalaron que “el 8 de julio de este año las periodistas María Eugenia Duffard y Luciana Geuna, publicaron en su programa televisivo ‘Verdad consecuencia’ del canal de Todo Noticias (TN), la única respuesta obtenida a raíz de un pedido de acceso a la información pública: la SISU tiene “comprometidos 5 mil millones”.
Ante la “difusa y poco clara información, la desidia y falta de ejecución presupuestaria sobre el tema”, los diputados opositores exigieron de “manera urgente transparencia e información al respecto, ya que involucran la mejora de la vida de miles de familias y la infraestructura de grandes barrios populares”.
