El tratamiento de una serie de pliegos judiciales se alteró sobre el final de la audiencia

La Comisión de Acuerdos del Senado analizó a quince postulantes para cargos en la Justicia. No hubo reproches, salvo contra el pliego de un actual fiscal de la Nación propuesto como camarista.

Fotos: Comunicación Senado

El virtual receso que han impuesto en la tarea legislativa las vacaciones de invierno y, sobre todo, el cierre de listas, fue interrumpido este martes por la mañana para el tratamiento de una serie de pliegos judiciales. Así, la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti habilitó una audiencia para escuchar las exposiciones de quince postulantes para ocupar vacantes en el Poder Judicial.

Y lo que transitaba por los carriles normales se alteró bien sobre el final, al cabo de la presentación de Gabriel De Vedia, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, quien denunció mediáticamente en marzo pasado que el operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón le había confiado en una reunión privada la intención del Gobierno de Cambiemos de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara. El tema generó una serie de preguntas de la oposición, que ya adelantó el rechazo de ese pliego por tildar de “parcial” al actual fiscal.

El primero en exponer ante los senadores fue Enrique Jorge Bosch, propuesto como juez de Cámara en Resistencia, provincia del Chaco, quien habló sobre las dificultades de ese tribunal por la falta de jueces para completarlo. “Tiene un solo juez titular y está cubierto por subrogancias”, detalló, Bosch, quien respecto del tema del pago de Ganancias -cuestión sobre la que todos los postulantes fue consultado específicamente- señaló que “ya está en la ley, hay que pagarla, y esto hace al principio de equidad de las cargas tributarias.

Patricio Nicolás Sabadini habló también como postulante a juez de Cámara en Resistencia, y destacó que a ese tribunal ingresaron desde 2019 83 causas, de las cuales el 82% culminaron con condenas por juicio abreviado, aclarando que eso no fue por una “cuestión de comodidad”, sino por imperio de las circunstancias derivadas de autoridades titulares en esa Cámara. Así las cosas, graficó la situación señalando que “antes teníamos presos sin condena y ahora tenemos presos sin juicio previo”.

Con relación al pago de Ganancias, dijo que siempre sostuvo que “el salario no es ganancia”, pero aclaró que “por una cuestión de equidad me sumo a lo que dijo Bosch: hay que pagarlo”.

Propuesto como defensor Público de Víctima para el juzgado federal con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Pablo Alfredo Candela destacó la creación por ley de esa función para “garantizar los derechos y garantías de las víctimas de los procesos penales”. Dijo además que esa provincia “ha sido pionera en derechos de las víctimas.

“Estoy de acuerdo con la tributación de Ganancias. Es lo que corresponde”, puntualizó al finalizar.

Romina Alicia Magnano se presentó para ocupar el cargo de defensora Pública Oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, cargo que ostenta interinamente, pues ese puesto está vacante desde 2016. Tras detallar las características del cargo, Magnano dijo que “es un desafío y un anhelo personal ejercer el derecho de defensa con perspectiva de género, procurando defender los estereotipos de género que permiten la criminalización, tanto de mujeres como de identidades no binarias, y a la vez ejercer la defensa con el compromiso que la noble misión refiere”.

“He firmado mi conformidad, la ley así lo establece”, señaló sobre Ganancias.

Iván Javier Gueler fue propuesto como defensor público oficial ante el Juzgado oficial de Primera Instancia de Gualeguaychú, y en su presentación detalló las tareas que se cumplen en ese tribunal, donde él ya viene desarrollando esa tarea. Al respecto destacó que debe lidiar allí con causas de estupefacientes y trata de personas, como así también causas por el uso de documento público falso y contrabando de mercaderías y cigarrillos, pero la mayoría en las que han intervenido en el último tiempo tienen que ver con la violación a las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia. “En casi su totalidad hemos podido llegar a acuerdos, con lo cual esas causas se han visto resueltas de manera rápida y expedita y se ha descongestionado el sistema”, comentó.

Respecto de Ganancias, ya firmó su conformidad para pagarlo, aclarando sobre todo que no considera que uno deba ampararse en un privilegio.

Fue el turno a continuación de Noelia Quiroga, propuesta como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Paraná. Ella contó su experiencia al frente de una defensoría ante el tribunal oral, que la ha enriquecido mucho. “Hace casi 28 años que ingresé al Poder Judicial y siempre mi objetivo ha sido desarrollar mi trabajo con compromiso”, expresó en un pasaje.

“Estoy dispuesta a pagar Ganancias”, señaló sobre el final ante la pregunta de rigor.

Mariana Beatriz Vera ha sido propuesta como defensora pública de Víctimas para la provincia de Catamarca. “Me llamó mucho la atención esta nueva ley, este nuevo paradigma”, comentó en un pasaje la postulante, que afirmó haber realizado diferentes propuestas sobre el tema. Contó que actualmente se desempeña como defensora pública oficial, cargo al que accedió por concurso, habiendo obtenido el primer lugar. Para ella, el cargo que atiende la situación de las víctimas “tiene perspectiva de vulnerabilidad”, y lo definió como “un cargo omnicomprensivo, en el sentido de que acompañamos a las víctimas en todas las etapas del proceso penal”.

“Como trabajadora de nuestro país, debemos aportar para el impuesto a las Ganancias, y como tal firmé mi compromiso ante el Ministerio de Justicia de la Nación”, precisó Vera.

José Agustín Chit fue propuesto como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia Tucumán, y en ese cargo contó haber participado del juicio contra el clan Alé. Señaló sobre el final de su exposición que “en caso de obtener el acuerdo del Senado, y aprovechando que es una fiscalía que no está habilitada aún, mi intención es formar un equipo de trabajo con criterio de paridad de género, para poder llevar adelante investigaciones que tengan esa perspectiva y que redunden en beneficio de usuarios y beneficiarios del sistema”.

La senadora tucumana Beatriz Mirkin intervino a continuación para hacer hincapié en la enorme cantidad de víctimas de violencia de género que hay en su provincia, la cual supera la media nacional, según destacó. Preguntó entonces sobre los casos en que un vehículo pasa de una jurisdicción a otra y en esos casos los controles se encargan de revisar la documentación del auto, pero no la de quienes van ahí. Planteó como interrogante si ayudaría por ejemplo a la cuestión de la trata de personas que se procediera en ese sentido.

“Hoy por hoy están las herramientas que la ley permite ante una posible situación, si se advierte un elemento que haga sospechar un posible delito, para requisar un automotor”, señaló el doctor Chit, quien coincidió en que “hay que mejorar y encontrar una manera de mayor seguimiento. Nos debemos todos los operadores judiciales un mayor compromiso con el seguimiento de las herramientas que se requieren para prevenir la violencia contra las mujeres”.

A su turno, María Laura Lema expuso para el cargo de defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quien detalló que existen hoy dos defensorías que actúan ante los tribunales orales. Sobre Ganancias, se manifestó de acuerdo con el pago, y contó que personalmente ya dio su conformidad para abonarlo. Y con relación al planteo de la senadora Mirkin, adhirió a lo que había expresado su antecesor y agregó que “existen regulados operativos que pueden llevarse a cabo para detectar este tipo de situaciones”.

Además, se mostró a favor de continuar con las capacitaciones obligatorias en temas de perspectiva de género, no solo en el ámbito de la Justicia, sino también con los auxiliares de la misma, las fuerzas de seguridad.

Fue el turno luego de Diego Leonel Freedman, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral N° 2 de Menores de CABA. Ese tribunal hoy tiene dos jueces y uno subrogante, señaló. Tiene en trámite 2.000 causas, ingresando unas 30 por mes; la mayoría de las cuales tiene que ver con delitos contra la propiedad privada. Se ocupan del juzgamiento de personas mayores de 16 y menores de 18 años, siendo el enjuiciamiento oral y reservado.

La senadora María Eugenia Catalfamo le preguntó sobre la reinserción de jóvenes privados de su libertad, a lo que Freedman refirió su experiencia personal como defensor de menores. Cuando le tocó intervenir, dijo, no ha tenido casos de reincidencia. Sugirió además “trabajar con el ámbito familiar y social de la comunidad para cuando el joven recupere su libertad” y abogó por un “trabajo interdisciplinario que se pueda dar con la justicia penal juvenil”.

Promediando la jornada, expuso Enrique Catán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Sala I. “Me he dedicado mucho al Derecho del Trabajo, tanto como abogado litigante, durante muchos años, en la actividad académica, y ya desde hace algún tiempo como juez en un tribunal de La Plata.

“No hay ningún impedimento constitucional para que los jueces y juezas paguemos Ganancias. No por un principio de igualdad, sino para empezar a mitigar cierto descreimiento que la sociedad tiene en el Poder Judicial”, añadió sobre el final.

Andrea García Vior expuso para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, Sala II, quien señaló sobre Ganancias que “debemos tributar porque nuestros ingresos lo justifican. A mi ver, del principio de intangibilidad del salario no deriva que los jueces no debamos pagar impuestos”.

Fue el turno a continuación de Gabriel De Vedia, quien aspira a cubrir el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala V. Actualmente es fiscal en el fuero de la Seguridad Social y en un pasaje de su larga exposición dijo que durante su trayectoria le ha dado mucha importancia al tema de la evasión, a su juicio “una de las cuestiones centrales en el derechod el trabajo”.

“En esto hay que ser implacable -consideró-. La informalidad va ganando terreno en todo el mundo, pero entiendo también que debemos aspirar y tener la vara muy alta en el campo del Derecho Laboral. Atendiendo las complejidades de este mundo pos pandémico, pero no podemos perder la relevancia que significa para un trabajador el empleo registrado y que se le hagan los aportes”. En ese sentido dijo haber hecho muchas denuncias penales por el tema de la evasión previsional”.

Fue a continuación de su exposición cuando la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri lo interrogó sobre declaraciones suyas en los medios que la llevaban a interrogarlo sobre su nivel de independencia. Le preguntó sobre su reunión con “Pepín” Rodríguez Simón, si se había propuesto como reemplazante de Alejandra Gils Carbó y entre otras cosas sobre las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.

De Vedia admitió que la reunión había existido y afirmó que no había hecho la denuncia correspondiente porque “la destinataria del mensaje era la procuradora. Si alguien tenía que denunciarlo era ella”.

La reunión, calma hasta entonces, se alteró con esos cuestionamientos, aunque en ningún momento se salió de los carriles. Tras alrededor de una hora de debate sobre ese tema, se pasó a la penúltima expositora, Patricia Russo, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en CABA, Sala VII. Para ella, ese cargo sería “la culminación de mis mayores aspiraciones, por lo que si este Senado decide otorgar el acuerdo, deseo cumplir la función con la mayor responsabilidad y dedicación”.

Sobre Ganancias, dijo que pagar sería “la manera de conjugar los preceptos constitucionales con la necesidad de que todos los ciudadanos cumplamos con la directiva del artículo 16° de la Constitución nacional, que impone la igualdad como la base del impuesto y las cargas públicas”.

El último invitado fue José Alejandro Sudera, propuesto como vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II, quien fue el más breve de todos los que se presentaron este martes, y que sobre Ganancias señaló que si bien el artículo 16 de la Constitución establece que todos los habitantes de la Nación somos iguales ante la ley, tanto en las obligaciones como en los derechos, aclaró que hay prerrogativas determinadas por ejemplo para los empleados públicos. O citó también la estabilidad de los representantes gremiales, o los propios legisladores. “Y esto también rige para los jueces, que no pueden ver disminuidos sus salarios. No se puede afectar la independencia de los jueces por vía de la disminución de esos sueldos”, remarcó, aunque aclaró sobre Ganancias que “en la medida que eso no suceda”, se debe pagar el impuesto.

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