Está cantado que los representantes legislativos en Argentina, provengan o no del sindicalismo, están de acuerdo en que, mientras el país se va a la lona por la falta de trabajo y la inexistencia de producción activa, los pocos laburantes que quedan deberían “gozar” de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, o trabajar solo 4 días de la semana.

O sea, este es el momento en que aparece el estribillo de la vieja canción: “no vamo´a trabajar, no vamo´a trabajar”. Pareciera insuficiente el desastre económico causado por las directivas de una administración con escasa habilidad gestionaria y política durante la pandemia, y por esa razón los dipusindicales o afines a esas organizaciones que ya no exhiben ni el 10% de lo que eran, buscan que en el país cada día se trabaje menos. 

Las propuestas laborales eran una genialidad en la década del 60 cuando se presumía que la población mundial tendría tanto trabajo que habría que acortar las jornadas o los días laborables de la semana para fomentar “el ocio” o el entretenimiento de la gente porque, al fin y al cabo, la vida se trata de eso: de gozar. Ahora, el parche quiere aplicarse a la peor de las situaciones: como la pandemia dio de baja sin aviso a unos millones de empleos, es mejor que algunos trabajen menos para que otros accedan a un cacho de trabajo. No se les ocurre que existen proyectos y fórmulas capaces de generar nuevos puestos de trabajo, empleos en áreas todavía no inventadas pero que se insinúan, y sobre todo producir, producir y producir en todos los sectores 

Al revés de lo que indica el sentido común, por el cual los argentinos desearíamos laburar si fuese necesario doce horas por día para levantar al país, los exlaburantes ahora convertidos en riquísimos dirigentes, casi empresariales, proponen -es un decir- trabajar menos, lo menos posible, y que el salario sea el mismo. Quien escribe estas líneas no quisiera tener en su casa ni uno solo de esos tipos administrando el hogar, jura por Dios. 

Resulta a todas luces increíble que ese puñado pequeño de sindicalistas que alcanzaron a ocupar una banca en la cámara baja gracias al dedo de Cristina Fernández, interprete que esa sería la forma de “no favorecer la precariedad” (los muy brutos dicen precaridad) laboral. También niegan que las modificaciones a la jornada laboral se consideren fuente de informalidad, pero la relativa legalización del teletrabajo, nacido de un proyecto vago y poco conducente, coloca al borde del abismo a esos trabajadores con jornada reducida. 

La ausencia de controles con esta modalidad se hará notar en cuanto se implementen las leyes presentadas por Claudia Ormachea (Asociación Bancaria) y Hugo Yasky (CTA), la primera autora de la idea que reduciría la jornada laboral a seis horas, como si Argentina fuese Japón. Yasky, exsecretario de Ctera está chocho con que se labure nada más que cuatro días a la semana. Imaginemos que los niños acuden a estudiar a las escuelas solo cuatro días en lugar de cinco pues los maestros no les enseñarán ese día después del atraso educativo provocado por la pandemia, que finalmente resulta una fatalidad para el porvenir argentino. 

Lo menos que necesita el país después de la catástrofe económica dejada por el kirchnerismo en solo un año y medio de gestión, es no trabajar. Un gobierno sensato, con ánimo de levantar a un país desde los escombros que deja una inflación que se aproxima al 50%, un nivel de pobreza que a mediados de 2021 ya es del 45%, una pérdida adquisitiva del salario como no se ve desde 1989, la destrucción de 2.500.000 de puestos de trabajo en todo el país, el cierre de 45.000 Pymes, y la salida del país de una veintena de multinacionales, solamente necesita que al menos 30 millones de argentinos pongan manos a la obra de reconstrucción de la Nación, hecha añicos desde hace más de 12 años, y por enésima vez. Esto incluye también a los que gozan de los planes y no trabajan. 

Las responsabilidades de este desastre son indelegables y recaen en el actual gobierno, y el compromiso de reconstruir el país como si fuese el punto Cero de Nueva York después del atentado a las Torres Gemelas, está en las manos de cada uno de los argentinos. Los legisladores nacionales que representan a todos los argentinos tienen la obligación de señalar la locura de un conjunto de vagos y malintencionados pseudos dirigentes, y evitar que esos proyectos sean aprobados en la cámara baja. 

Vergüenza nacional se siente al ver cómo “estos cosos”, como dice mi amigo y periodista Lalo Molar, acusen al destartalado empresariado argentino de “economicistas” que solo ven el costo laboral y la productividad. ¿Qué otra cosa pretenden que no se vea? El cinismo llega al tupé de hablar del “esparcimiento” que derivará de la reducción de la jornada laboral y cómo eso repercutirá en el mercado interno y el consumo. Sólo un delirante puede hacer semejantes afirmaciones en un país destruido al que no quieren reconocer como tal, y además seguir creyendo como lo dice insistentemente la actual vicepresidenta de la nación, que el consumo es el remedio para una economía decadente. Sin embargo, ella promueve el consumismo, un concepto que siempre estuvo en las antípodas del pensamiento peronista. 

La contribución de ciertos científicos refugiados dentro del Conicet tampoco aporta positivamente. Consideran que el cambio no sería “informalidad”, sino que -por el contrario-, supondría una “mejora en la calidad de vida, que favorece la formación y el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que dinamiza el ejercicio de la ciudadanía, las prácticas de consumo sustentable y comunitarias”. Eso piensa la investigadora de Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Desarrollo Económico (UNGS-IDES) Cecilia Anigstein, quien además sostiene que la nueva modalidad “es una herramienta para promover una redistribución equitativa entre géneros de la carga reproductiva, no remunerada, en los hogares y comunidades”. ¿What? 

Para eso llegarán al Congreso como refuerzos sindicales el dirigente bancario y radical Sergio Palazzo, en el cuarto lugar de la nómina del Frente de Todos bonaerense y con firme chance de ocupar una banca. Yasky aspira a renovar la suya en las elecciones de este año. Hasta 2023 continuarán en Diputados: Facundo Moyano (Peajes), Claudia Ormaechea (AB), Carlos Cisneros (AB), María Rosa Martínez (CFT), Carlos Ponce (Plásticos) y Estela Hernández (Ex Comercio de Chubut). Sin posibilidad de renovación de bancas quedaron Pablo Ansaloni (Uatre), Carlos Ortega (Secasfpi), Patricia Mounier (Sadop) y Pablo Carro (CTA Córdoba).